Los dueños de los pisos París y Roma se sienten «engañados» con la sentencia

La sentencia por la que un juez condena a la promotora Inmojasan a indemnizar con 6.000 euros a cada uno de los afectados por el retraso en la entrega de los pisos París y Roma no ha cubierto las expectativas de los demandantes. Lejos de ello, éstos no solo van a interponer el correspondiente recurso de apelación contra el fallo judicial, sino que se plantean incluso tramitar una querella criminal por presunto alzamiento de bienes contra la entidad bancaria que salió indemne del juicio, Cajasol.

Como explicó el letrado de los afectados, Francisco Mouriño, en asamblea y por unanimidad decidieron recurrir la sentencia porque «se sienten engañados, ya que ellos adquirieron la vivienda a través de una sociedad perteneciente a Cajasol que ahora resulta que es insolvente».

Como se recordará, el magistrado condenó a la promotora antes citada mientras que absolvió a Cajasol, Cajasol Inversiones Inmobiliarias y Projasan Construcciones. En el primero de los casos, la razón se fundamentó en que la entidad se limitó a conceder la financiación necesaria para impulsar la promoción de viviendas; en el segundo, en que la empresa era únicamente socia minoritaria y en el tercero en que no ostentaba en la promotora cargo alguno de representación o administración, por lo que no participó en los contratos de los pisos París y Roma y ello le desvincula de su cumplimiento.

«Quedó sobradamente demostrado que era una sociedad fantasma detrás de las que estaban todas estas empresas e hicieron un fraude de ley para no tener que responder en caso de problemas». Según Mouriño, el pasado 10 de junio de 2010, cuando quedaban escasos días para la audiencia previa al juicio, Inmojasan vendió los locales comerciales ubicados en los bajos del edificio Roma a una sociedad «aparentemente sin trascendencia», cuya propietaria única sería Cajasol.

Como aseguró el abogado, la promotora se deshizo del único bien inmueble que no estaba transferido a terceros y no lo inscribió en el registro de la propiedad hasta febrero de 2011, para que «los demandantes no pudieran aportarlo en el juicio» y demostrar así que entre las dos sociedades «había un traspaso de patrimonio y una complicidad».

Por todo ello, no se contentarán con interponer el recurso de apelación sino que estudian utilizar la vía penal por un presunto delito de alzamiento de bienes, porque «ante una posible deuda lo que han hecho es quitarse de en medio, cuando ellos son los verdaderos responsables».