La empresa de autobuses se plantea denunciar a sus empleados

La empresa adjudicataria del servicio de autobuses, GDF, se plantea llevar a sus setenta trabajadores al Juzgado de lo Social por la huelga parcial que mantienen desde hace una semana. La entidad, a la que restan dos meses de contrato con el Ayuntamiento, no acepta las condiciones de los empleados y el gobierno local tampoco cederá ante sus presiones porque considera que son injustificadas. Eso sí, mediará para que la empresa no les denuncie, por las «nefastas consecuencias» que tendría para ellos. La edil de Medio Ambiente, Blanca Merino, insistió en que todo lo que pide el comité de empresa ya está incluido en el pliego de condiciones. «Pero están acostumbrados a que siempre cedamos y les demos más dinero a cambio de que no perjudiquen a los portuenses».

El presidente del comité de empresa Matías Gautier, denunció que el Ayuntamiento no ha incluido en el nuevo pliego de condiciones las mejoras laborales obtenidas a lo largo de los años. Y que tampoco había fijado una cláusula que obligue a la nueva adjudicataria a negociar un convenio colectivo propio con ellos. A este respecto, Merino mostró el escrito de los trabajadores al alcalde, Enrique Moresco, en el que reconocen que todas las ventajas laborales obtenidas desde 1989 se están aplicando y exponen las nuevas: reducción de 39 a 35 horas semanales, el cobro de un plus por los fines de semana, por el bus 'búho' y por antigüedad. Esto, según Gautier, ya lo tenían en sus contratos antes de 2009, fecha en que sellaron un acuerdo en el Sercla que les comprometía a no realizar más reivindicaciones hasta finales de diciembre de 2011 a cambio de una subida salarial de 120 euros mensuales más. Este documento también fue mostrado por la edil popular, quien insistió en que el compromiso no afecta solo a peticiones nuevas sino también sobre cuestiones ya negociadas. «Este acuerdo nos costó 140.000 euros anuales más a todos los portuenses».

Por otro lado, Merino señaló que los servicios jurídicos del Ayuntamiento estiman que es ilegal obligar a la nueva empresa a negociar el convenio.