Telefónica prepara un recorte del 20% de su plantilla en España

El grupo Telefónica, la mayor compañía española por dimensión y beneficios, se plantea recortar un 20% su plantilla en España a lo largo de los próximos tres años. La decisión responde a la necesidad de adaptarse a un mercado aún debilitado y al impacto de la competencia, y fue dada a conocer en la conferencia de inversores que se celebra en Londres. La operadora prescindirá de un colectivo que estará en torno a los 5.600 empleados, aunque el recorte podría llegar a 6.400, según si las salidas afectan en mayor o menor medida al área de telefonía fija, que cuenta con 28.000 de un total de 32.000 empleados y es la más 'tocada' por la nueva situación del sector. La compañía se prepara para negociar con los sindicatos medidas que reproducirán las pautas de anteriores ajustes. Habrá bajas incentivadas, prejubilaciones y externalización de funciones.

Guillermo Ansaldo, presidente de Telefónica de España, fue el encargado de concretar unos proyectos que, en forma de rumor, ya se habían extendido entre analistas, inversores y representantes de los trabajadores. No en vano las cuentas de 2010 ya recogían otra vez provisiones para ajustes laborales. Ansaldo evocó que los ingresos de la actividad en España descendieron el 5% en 2010, hasta situarse en 18.711 millones de euros -el negocio de banda ancha cayó el 6,3%, y el de móvil el 4,6%- y enmarcó este retroceso en un escenario en el que la recuperación de la actividad lleva considerable retraso. Mientras el beneficio operativo del grupo creció el 20,7%, el de España se contrajo el 14,5%. Por eso se anunció previamente el recorte en un 6% de los mandos intermedios y ahora se confirma la existencia de otros proyectos para compartir inversiones con la competencia (redes de fibra óptica y móviles), así como una negociación del convenio que vinculará productividad y salarios. Todo ello con el fin de economizar costes.

Los inversores recibieron el anuncio con una reacción casi de indiferencia. En una jornada bursátil en la que el Ibex 35 perdió el 1,51%, los títulos de la operadora cedieron el 1,06% para cerrar a 17,8 euros. Desde Londres les llegaron todo tipo de mensajes. Entre ellos, el del presidente César Alierta, quien anunció que los tiempos de compras han quedado atrás, y que solo pujarán por el espectro radioeléctrico.

La disposición negociadora de la empresa enlaza con su historia laboral, pero también es una condición inevitable. No se puede plantear un expediente de regulación de empleo similar a los de las compañías en dificultades cuando Telefónica ganó 10.167 millones de euros el pasado año y va distribuir 7.300 millones de dividendo, ambas cantidades récord en el colectivo de las empresas españolas. El presidente de la operadora, por añadidura, ha sido interlocutor privilegiado en los encuentros en los que el presidente del Gobierno ha convocado a los empresarios de mayor relieve para pedirles su colaboración en el relanzamiento económico y en la creación de empleo. César Alierta recibió el encargo de liderar el grupo de trabajo que, junto al ministerio de Economía convocará 30.000 becas para la formación en prácticas de jóvenes desempleados de baja cualificación.

Expedientes

Por todo ello, el anuncio de Telefónica no ha sido recibido con parabienes. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha recordado que no es un buen momento para llevar a cabo ajustes de plantilla «de una dimensión tan importante». Reconoció, no obstante, que el ámbito de actuación de la operadora es extraordinariamente competitivo, y confió en que, una vez más, se mantenga la tradición de diálogo y consenso con los interlocutores sociales.

Para la Unión General de Trabajadores, sindicato mayoritario, Telefónica no puede abordar un plan de ajuste «unilateralmente».

La historia laboral de Telefónica es una sucesión de expedientes de regulación de empleo. De hecho, el mayor de los negociados en España lo protagonizó la operadora, que entre julio de 2003 y diciembre de 2008 consiguió reducir su plantilla en 13.900 empleados, con un coste total de 3.500 millones de euros, unos 250.000 de media por trabajador. Hubo ruidosas protestas, pero la solución fue pactada.

Tras enfrentarse a la drástica transformación del negocio impuesta por las nuevas tecnologías, que le llevó al cierre de cientos de centrales, la operadora se había marcado entonces el objetivo de conseguir 15.000 bajas voluntarias, y se alcanzó en un porcentaje superior al 92%.