El fiscal admite que las escuchas «pudieron hacerse mejor», pero dice que son legales

Cuando en 2006 el fiscal Juan Bosco recibió las primeras pesquisas de la 'operación Karlos', procedentes del juzgado número 2 de Instrucción de Jerez, lo primero que pensó fue «esto va a dar problemas». Lo recordó el propio fiscal en la mañana de ayer, en la segunda sesión del juicio del mediático caso en la Audiencia Provincial de Cádiz.

El primer día, las defensas criticaron duramente al juez jerezano, actual decano de la ciudad, y pidieron la nulidad de las escuchas telefónicas que éste autorizó porque, según ellos, no estaban bien motivadas y existían errores procedimentales. Exigen, en consecuencia, que se archive la causa.

«Hay que reconocer que [la instrucción] pudo haberse hecho mejor», admitió ayer Juan Bosco, pero finalmente defendió que los pinchazos «se ajustan a la legalidad constitucional» y pidió que el juicio continúe. La decisión ha quedado en manos del tribunal, que la dará a conocer el viernes. La sesión prevista para hoy fue suspendida.

En su intervención, Bosco apenas respondió a las críticas contra la investigación del juez de Jerez, machacada y tachada de «dislate» por las defensas. En su lugar defendió la fase de la instrucción que se llevó a cabo desde el juzgado número 1 de Cádiz -«Se hizo de manera impecable», llegó a decir- y recordó que los acusados han tenido oportunidad de pedir la anulación de las escuchas hasta en cinco ocasiones y la mayoría fueron rechazadas.

«Los derechos de los acusados han sido respetados, otra cosa es que no les convenga el resultado», aseguró Bosco, que se apoyó en el dictamen que tomó en 2006 la Sección Primera de la Audiencia Provincial, presidida por el actual presidente del TSJA, Lorenzo del Río, para sostener la legalidad de las escuchas: «Admitimos que había dudas sobre ellas, pero una instancia superior e imparcial se ha pronunciado y ya no las hay», zanjó el fiscal.

En realidad, la Audiencia afirmó que las escuchas estuvieron bien motivadas, pero dejó abierto a que se volviese a plantear la nulidad en el acto del juicio si el tribunal considera probado que no se informó a la Fiscalía. «Yo no era entonces el fiscal», aclaró Bosco sobre este último asunto, «habría que preguntar al fiscal de Jerez, pero no es lo trascendente».

Un capotazo al juez de Jerez

Para refutar la supuesta falta de motivación de los autos del juez decano de Jerez, el representante del Ministerio Público recordó también que «existe una doctrina» según la cual, el oficio policial en el que se pide la prórroga de una intervención telefónica puede ser considerado «parte integrante del auto» y convertirse en su motivación. El abogado de María José Campanario había criticado, precisamente, la brevedad de los autos del juez instructor. Dijo que tenía 27 líneas. «Pues si integramos el informe de Aduanas, pasa a tener 72 folios», le contestó Bosco. En este punto, el fiscal echó uno de los pocos capotes que recibió el juez decano de Jerez, que el día anterior fue acusado por las defensas de «descontrol» y de no estar al tanto siquiera de lo que se estaba investigando: «El juez tenía pleno conocimiento de que se cometía una actividad delictiva», dijo Bosco.

Otro de los argumentos que el fiscal utilizó ayer para defender la legalidad de las escuchas fue que el delito investigado en la 'operación Halcón' por un presunto fraude de facturas falsas, y el de la 'operación Karlos', por un fraude a la Tesorería de la Seguridad Social, eran en el fondo casi el mismo y por tanto no había razón para dividir la causa en dos. De hecho aseguró que, si por él fuera, las pesquisas del 'caso Karlos' habrían seguido en el mismo sumario del 'caso Halcón', que aún vaga en los juzgados sin la atención mediática que tiene este. «La mecánica delictiva es exactamente igual pero adaptada», apuntó el Ministerio Público, pues en ambos fraudes se engañaba al Estado para obtener dinero ilícito. Esta teoría también fue defendida por una de las abogadas de la acusación particular -representante del Instituto de la Seguridad Social- que intervino después de Juan Bosco con argumentos parecidos. La letrada de la Junta, también personada, se limitó a adherirse a lo dicho por ambos.

El juicio ha quedado en suspenso hasta la mañana del viernes, cuando está previsto que la Sección Tercera de la Audiencia decida si anula las pruebas telefónicas, si archiva la causa o si continúa el juicio. En este último caso, las sesiones se retomarían el 11 de mayo con las declaraciones de los 25 acusados, aunque el número podría bajar. Ayer, el abogado de José Alfonso Flórez pidió que se retiren los cargos contra su defendido, como ya han hecho con el padre de Carretero y otros procesados antes del juicio (llegó a haber 34 personas). Para ello, aportó documentos que probarían que sufría una incapacidad real desde 1991.

También el abogado Baena Bocanegra, defensor de María José Campanario y su madre Remedios Torres, presentó ayer un extenso informe médico para «demostrar las patologías que tenía en 2005 y justificar que podía solicitar la revisión de su minusvalía con ello». La prueba fue admitida, con la salvedad de que dos peritos del Instituto de Medicina Legal revisarán el documento para contrastar su veracidad. Cabe recordar que, según el fiscal, Remedios Torres fue contratada de manera ficticia por Carretero para cobrar una pensión y que otra mujer -la madre de Elisa Calavante- se hizo pasar por ella en la revisión médica de la Seguridad Social. Por ello, al igual que su hija María José, se enfrenta a una petición de pena de cuatro años y medio de cárcel.

Por último, la acusación particular del INSS también pidió ayer que se aceptara un testigo sorpresa: el de un funcionario de la inspección médica que mantuvo conversaciones con Francisco Casto Pérez Lara y que supuestamente lo incriminaría.