La Guardia Civil custodia las actas de los consejos de Gobierno en el juzgado

La Guardia Civil custodia ya desde ayer las actas de los consejos de Gobierno depositadas por la Junta en los juzgados de Sevilla a petición de la jueza que investiga los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos. En once sobres lacrados y en un armario gris y azul acorazado permanecerán las 480 actas de las reuniones del Gobierno andaluz de la última década hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si la magistrada instructora es competente o no para examinarlas, según el conflicto jurisdiccional planteado por la Junta.

La Junta apuró hasta el último momento para entregar las actas y lo hizo en medio de una gran expectación mediática y tras una mañana ajetreada en los edificios judiciales, cuyos empleados llevaron de un lado a otro en una carretilla el armario en el que se guardaría la documentación. Funcionarios de la Secretaría General del Consejo de Gobierno entregaron la documentación ante la presencia del juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, la instructora del caso, Mercedes Alaya,y el comandante de la Guardia Civil encargado de la vigilancia de los edificios judiciales.

La Junta se mostró satisfecha por cómo se custodiarán sus actas, en una habitación con cámaras de vigilancia y ronda permanente de la Guardia Civil. El lugar fue negociado durante la mañana por funcionarios autonómicos, que exigieron medidas especiales para la custodia y la presencia de la Benemérita.

La juez Alaya quiere investigar todas las reuniones del Gobierno desde 2001, año en que se firmó el acuerdo entre la Consejería de Empleo y el IFA para pagar las ayudas, y que según las alertas de la Intervención de Hacienda carecía «del procedimiento administrativo previsto por la ley» para subvenciones excepcionales. Hasta en tres autos ha reclamado insistentemente la magistrada todas las actas para investigar si el Gobierno pudo conocer las irregularidades en las ayudas a los ERE. En el último, emitido el pasado lunes, amenazó al Ejecutivo de Griñán con acusarle de desobediencia y de cometer un delito si no entregaba las actas en 72 horas como medida cautelar y bajo la hipótesis de que podían ser manipuladas.

La Junta, que considera que la jueza carece de jurisdicción para levantar la reserva de todas las actas y que había reclamado a esta que concretarse los acuerdos que quería examinar, ha cedido finalmente tras garantizarse la confidencialidad de los documentos hasta que el Supremo se pronuncie.

Al mismo tiempo que las actas llegaban a los juzgados sevillanos, la jueza Mercedes Alaya comunicaba al primer teniente de alcalde y candidato de IU en Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, su imputación en el caso que investiga sobre las supuestas irregularidades en el concurso promovido para enajenar un solar en el mercado mayorista de abastos de la capital andaluza, Mercasevilla, del que el Ayuntamiento es el principal accionista. Se trata de una de las cuatro líneas de investigación que sigue la jueza en el 'caso Mercasevilla', en concreto la que se refiere a la adjudicación de suelos mediante concurso público a Sanma Desarrollos Urbanísticos, cuando concurría una oferta superior del grupo Noga.

La Alcaldía, en juego

La imputación de Torrijos tiene especial relevancia en Sevilla, ya que el PSOE obtuvo la Alcaldía en este mandato gracias al apoyo de IU y por el cual el político sevillano es primer teniente de alcalde. Las encuestas consideran como única posibilidad un nuevo pacto con Izquierda Unida en la capital sevillana para que el PSOE revalide la Alcaldía. La asociación de mayoristas de frutas y hortalizas, socio minoritario de Mercasevilla, acusa a Torrijos de un posible delito societario, ya que era vicepresidente de Mercasevilla y miembro del consejo de administración que acordó la adjudicación a la empresa Sanma. Para los mayoristas, la adjudicación supuso un perjuicio económico para el mercado, en clara bancarrota desde hace años.

El origen del 'caso Mercasevilla' fue una denuncia de la Junta a la fiscalía por un supuesto soborno de directivos del mercado a hosteleros de Sevilla. El escándalo de los ERE saltó precisamente al descubrir la jueza intrusos entre los prejubilados en 2003 y 2007 en el mercado mayorista de abastos de la capital sevillana.