El soplo se justifica en un proceso de negociación

Duro, muy duro con sus compañeros se mostró el magistrado contrario a mantener los indicios de colaboración con ETA en el 'chivatazo'. José Ricardo de Prada arranca su voto particular mostrando su «más absoluto desacuerdo» al auto de Fernando García Nicolás y Julio de Diego. Para ello destripa cada uno de sus argumentos y deja caer que la decisión pudo estar condicionada por la «fuerte politización» del asunto. Justifica el soplo policial por el contexto del proceso de paz y la finalidad de evitar futuros atentados terroristas.

De Prada centra sus alegaciones en un hecho, no es justificable imputar un hecho tan grave a unas personas que actuaban en cumplimiento de sus obligaciones profesionales en un contexto de un proceso negociador. Replica a sus compañeros que el fin del 'chivatazo' no es colaborar ni aportar nada a ETA, «por lo que de ser algo sería todo lo contrario de lo que se afirma, ya que se enmarcaría en acciones de oportunidad y eficacia discutibles, pero, en todo caso, tendentes a evitar de una u otra forma futuras acciones terroristas».

No obvia el magistrado la posibilidad de que los imputados cometieran revelación de secreto, en cualquier caso, dice, «ello no permite dar el salto cualitativo en el vacío para llegar a la consideración del delito de colaboración con el terrorismo». «Debemos recordar que conductas de este tipo (.) forman parte de la actividad de la policía. Entre ellos tenemos las entradas vigiladas, los agentes encubiertos e infiltrados que trabajan dentro de las organizaciones y que incluso participan o provocan delitos», asegura.

De esta forma, acusa a sus compañeros de hacer un análisis «sumamente simplista, hasta el punto de convertirlos en una mera caricatura», por lo que de haber tenido en cuenta el contexto en el que se produjo la supuesta comisión del delito se habría llegado a otro resultado.