Un exjefe policial achaca al Gobierno de González el secuestro de Marey

Los crímenes de los GAL regresaron a la Audiencia Nacional. Veinticinco años después de que la 'guerra sucia' contra ETA llegara a su fin, el tribunal juzgó ayer el último litigio pendiente de aquella etapa que llevó a prisión a la cúpula del Ministerio del Interior y a diversos cargos policiales. En el banquillo de los acusados se sentó Miguel Ángel Planchuelo, ex jefe superior de Policía de Bilbao en los años ochenta y uno de los hombres fuertes de los GAL que ya fue condenado a nueve años de prisión en 1998 por el secuestro del industrial vasco francés Segundo Marey, la primera acción atribuida al grupo terrorista.

Planchuelo, de 70 años, está acusado de seis intentos frustrados de asesinato por ordenar, supuestamente, los atentados contra dos bares a los que se presumía que acudían miembros de ETA en el sur de Francia. El exjefe de Policía, a quien la acusación popular pide 114 años de prisión y la Fiscalía su libre absolución, negó su implicación en estas dos acciones cometidas en febrero 1986, en las que resultaron heridos de bala cuatro adultos y dos menores.

El excomisario se desvinculó de los tres mercenarios portugueses, que ya fueron condenados por un tribunal luso en 1992, y que fueron contratados para perpetrar aquellos crímenes en los bares 'Batxoki' en Bayona y 'La Consolation' en San Juan de Luz. Negó que diera instrucciones a su subordinado José Amedo, el exsubinspector de policía de Bilbao condenado por varios atentados de los GAL, para llevarles a Francia y pagarles. Y aseguró que se enteró de aquellos ametrallamientos «por la prensa».

Planchuelo, que fue expulsado de la Policía tras su condena por el 'caso Marey', sí reconoció, en cambio, su participación en el secuestro del ciudadano francés en 1983 que abrió el prontuario de los GAL. Lo hizo, dijo, para cumplir órdenes políticas, ya que fue el Gobierno de Felipe González el que autorizó la acción para intentar «salvar la vida» de un capitán del Ejército que había sido capturado por ETA. «Pero no pudo ser», comentó Planchuelo en el juicio, ya que la banda asesinó al oficial de Farmacia Alberto Martín Barrios y los GAL liberaron a Marey tras diez días de cautiverio porque se confundieron de objetivo. Buscaban al etarra Mikel Lujúa.

Amedo y Domínguez

La versión de Planchuelo no solo fue defendida por su abogado. Los tres expolicías que declararon como testigos de forma posterior protegieron al que fuera su jefe en los años ochenta. Los tres, precisamente, también fueron condenados por el 'caso Marey', al igual que la cúpula de Interior de la época, dirigida por el ministro José Barrionuevo, y todos ellos dirigieron su dedo acusatorio contra el Gobierno de González. En especial José Amedo y Michel Domínguez, dos de las caras más visibles de los crímenes de los GAL.

Los dos expolicías ya fueron condenados por los atentados que ahora se juzga a Planchuelo. En concreto, por reclutar a los mercenarios portugueses que cumplieron el encargo de atentar contra los bares. Y uno de ellos, Amedo, fue quien implicó en los hechos a Planchuelo e hizo que el juez Baltasar Garzón reabriera el caso en 1995, procesara al acusado y lo llevara a juicio.

Cosas del destino, ahora Amedo exculpa a su superior con argumentos tan diversos como que en los GAL «no había jerarquías policiales, sino un concierto con el poder político», o que Planchuelo no conocía la contratación de los mercenarios portugueses, ya que el dinero procedió de la secretaria de Estado de Seguridad, dirigida entonces por Rafael Vera, también condenado por el 'caso Marey'.

En su particular cruzada contra el Gobierno socialista, Amedo recuperó su acusación de que la decisión de crear los GAL partió del expresidente Felipe González y de la cúpula de Interior, y que para ello contó con la complicidad de cargos socialistas en Euskadi como Ramón Jáuregui o Txiki Benegas. Menos conciso fue el exgobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, también condenado por el 'caso Marey'. Indicó al tribunal que la creación de los GAL fue ordenada por la cúpula de Interior en 1983, aunque no apuntó más arriba. La vista continúa hoy.