La Junta se limitará a dar a la jueza solo «acuerdos relevantes»

La representación legal de la Junta de Andalucía ofreció ayer a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica, sustituir las actas que reclama sobre los Consejos de Gobiernos de los últimos diez años por «certificaciones de acuerdos concretos que sean relevantes» para la investigación, lo que permitiría preservar el carácter «reservado» que acredita la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo andaluz, los letrados de la Junta comparecieron ayer lunes a la citación fijada por la magistrada, ante la que se ratificaron en los acuerdos adoptados el pasado martes 29 de marzo por el Consejo de Gobierno de ofrecer «vías alternativas» para que pueda conocer «idéntica información» a la demandada a través de la «certificación de acuerdos o informes concretos relevantes para la investigación» y no las actas de los Consejos de Gobiernos de los últimos diez años, una petición que la Junta considera «no motivada, indiscriminada y que vulnera la Ley del Gobierno».

En este sentido, los representantes legales de la Junta trasladaron a la juez Mercedes Alaya que, en caso de no aceptar estas «vías alternativas» para recabar la información, formularán un «requerimiento de incompetencia» ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, «en defensa de las potestades del Gobierno andaluz» por considerar que la juez «carece de jurisdicción para levantar el carácter reservado de parte del contenido de las actas».

El Consejo de Gobierno de la Junta ya acordó el pasado 29 de marzo autorizar a sus servicios jurídicos a plantear este conflicto de jurisdicción en caso de que la magistrada no aceptase la fórmula alternativa basada en la «certificación de acuerdos o informes concretos relevantes para la investigación».

El artículo 31.1 de la Ley del Gobierno de Andalucía recoge que «los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrán carácter reservado hasta que el propio Consejo de Gobierno acuerde hacerlos públicos».