IU exige a la Junta que detalle los ERE de Cádiz
Ignacio García pide por escrito que el Ejecutivo regional especifique cuántos expedientes ha llevado a cabo en la provincia desde 2000
Actualizado: GuardarIndependientemente de las investigaciones que está realizando la jueza Alaya, los partidos políticos quieren tener su papel en la resolución de los falsos ERE. El último en sumarse ha sido Izquierda Unida, que ha solicitado en el Parlamento andaluz que la Junta informe sobre el número de expedientes de regulación de empleo (ERE) aprobados por la administración autonómica en la provincia de Cádiz durante la última década ante la «gran alarma social» que están causando las irregularidades detectadas en estos procedimientos.
El diputado de IULV-CA en el Parlamento andaluz por Cádiz, Ignacio García, registró una pregunta con ruego de respuesta por escrito en la que pide a la Junta que detalle «cuáles son los ERE que ha aprobado en la provincia de Cádiz desde el 1 de enero del 2000 hasta la fecha, indicando la empresa, la fecha de aprobación definitiva y el número de trabajadores afectados».
En la iniciativa, García también reclama a la Consejería de Empleo que detalle «en cuáles de los ERE anteriores se han concedido subvenciones por parte de la Junta de Andalucía, ya sea individualmente a cada trabajador, conjuntamente a todos ellos o directamente a la empresa, y por qué cuantía total en cada ERE».
Por último, el parlamentario de IULV-CA desea conocer igualmente «cuáles de los ERE anteriores llevaban aparejadas actividades de formación», así como «con qué cantidad se subvencionaron en cada caso». Pero esta petición de IU quedó relegada ayer por la petición de la jueza que investiga las prejubilaciones falsas pagadas por la Junta cuando volvió a reclamar al Gobierno andaluz que le remita las actas de sus reuniones desde 2001. Este auto es la respuesta de la magistrada Mercedes Alaya a la negativa del Ejecutivo de Griñán a enviarle las actas completas de manera indiscriminada por ser materia reservada según la ley del Gobierno y considerar a la juez incompetente para levantar dicha reserva.