«La Justicia ha dejado claro que nadie más del Consistorio está implicado»

¿Qué pasó? Parece una pregunta sencilla, simple, la misma que hace dos años se hacía todo San Fernando. La misma que los isleños continúan haciéndose. Hoy se cumple el segundo aniversario desde que se diera a conocer el desfalco de 7,8 millones de euros de la caja municipal y a pesar de todo el revuelo, de todo lo que se ha publicado, se ha comentado, se ha conocido, se ha escrito en estos 730 días, ninguna de las respuestas ni de las explicaciones convencen a los ciudadanos. Pero el alcalde de San Fernando, Manuel María de Bernardo, lo tiene claro: «La Justicia y la Policía han dejado claro que nadie más del Ayuntamiento ha estado implicado en el robo, ni políticos ni funcionarios».

Desde que se conociera la noticia de que el Tribunal de Cuentas iba a abrir un expediente para investigar lo ocurrido (tras observar posibles «indicios de delito») en noviembre del año pasado, no se ha producido ninguna novedad. Lo único que ha trascendido es que la investigación está a punto de concluirse y que será el turno de abrir nuevas diligencias judiciales, pero se desconoce si aún tardarán semanas o meses. Al parecer todas las pesquisas se han dirigido a una serie de cantidades millonarias que se han encontrado en las cuentas de la familia marroquí y que no tienen justificación. Aunque, lo único seguro es que Clemente Ruiz, antiguo cajero jefe, es el principal imputado y lo seguirá siendo. Ya lleva casi año y medio en prisión preventiva y al menos que el proceso judicial se acelere lo más probable es que cumpla los dos años, periodo límite tras el cual tendrá que volver a salir a la calle. Mientras tanto la otra implicada, María José Lebrero, continúa en libertad con cargos y sin fianza.

Más revuelo ha habido en cuanto al tema político motivado por el mal lugar en el que han dejado los diferentes informes a los responsables municipales de velar por el dinero público. La exigencia de responsabilidades políticas un año después del desfalco, hizo que se rompiera el pacto existente entre los andalucistas y los populares.

Así lo quiso dejar claro el portavoz de los populares, José Loaiza, tras malinterpretarse sus palabras en una entrevista. «Claro que creemos que el alcalde tiene responsabilidad política en lo que ha ocurrido y ya se las exigimos, pero ahora los ciudadanos tienen la oportunidad de valorarla. Lo que quiero dejar bien claro es que si nosotros gobernamos por mayoría o por minoría realizaremos una auditoría que clarifique este asunto».

Por su parte el PSOE asegura que la responsabilidad del Gobierno de la ciudad es inherente al desfalco. Piden la dimisión del regidor y de a Delegada de Economía y Hacienda, Mercedes Espejo. «En esta situación concreta, nada ha cambiado ni nadie ha asumido la responsabilidad que le confiere un cargo asumido libremente», aseguró Jaime Armario, secretario general del PSOE local.