Los enviados del Gobierno aseguraron al juez que ETA falseó los hechos en las actas

Por separado y en secreto. El 31 de enero, el 2 y el 3 de febrero en un despacho de la segunda planta de la Audiencia Nacional los tres mediadores del Gobierno en las negociaciones con ETA en 2006 aseguraron al juez Pablo Ruz que ETA tergiversa en sus actas los mensajes que ellos trasladaron a la banda en nombre del Gobierno. El ex fiscal general del Estado y exministro, Javier Moscoso, el vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez y el presidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, negaron ante el instructor que dieran garantías a los terroristas de que las fuerzas de seguridad iban a bajar el pistón ni que el Gobierno prometiera que frenaría operaciones antiterroristas con la connivencia de la Fiscalía.

En sus declaraciones en sede judicial, los ahora testigos protegidos TP01, TP02 y TP03 se esmeraron en desmentir buena parte de las aseveraciones que ETA hace en sus actas y que fueron incorporadas a la causa del chivatazo el pasado febrero después de que la juez antiterrorista francesa Laurence Levert las enviara en una comisión rogatoria.

Según las partes que ayer tuvieron acceso a esa información después de que Ruz levantara el martes buena parte del secreto sobre la causa, Moscoso, Gómez Benítez y Eguiguren coincidieron en que las actas de ETA no responden a la realidad y que los terroristas redactaron esos documentos para justificar ante los suyos que era el Ejecutivo el que rompía las negociaciones.

Los interrogatorios de Ruz, siempre según estas fuentes, se centraron en dos reuniones, la del 22 de junio de 2006, dos días después de las detenciones de los supuestos recaudadores de la banda, y la del 27 de octubre del mismo año. En el primer encuentro, según los papeles de ETA, los enviados del Ejecutivo se excusaron por no haber podido «parar» la redada ordenada por el juez Fernando Grande-Marlaska. Los tres testigos protegidos negaron que el Gobierno hubiera dicho en ese encuentro que trató de frenar la operación, aunque reconocieron que se habló de las detenciones.

La segunda reunión por la que fueron interrogados se produjo poco después de que el juez Baltasar Garzón judicializara la investigación por el chivatazo policial a ETA. Según las actas, uno de los enviados, supuestamente Gómez Benítez, afirmó: «En relación a la operación llevada a cabo por Marlaska y en relación a lo que os manifestamos en septiembre, os diré que por el aviso está encausado un alto policía de San Sebastián y casi el jefe de seguridad del PSOE». Los enviados no confirmaron ante Ruz esas palabras y aseguraron que jamás alegaron que el chivatazo fue un gesto de buena voluntad hacia ETA.

Eguiguren introdujo ayer un nuevo matiz sobre el aplazamiento de la famosa operación del bar Faisán. El presidente de los socialistas vascos, en una entrevista en la cadena Ser, insinuó que la redada no se pospuso por el soplo policial sino porque entre el grupo de extorsionadores había un infiltrado policial. Eguiguren, en idéntica línea con lo que sostuvo ante el juez, afirmó que las actas de ETA están «revisadas», «preparadas para convencer a su gente» y que ETA solo recogió lo que «le interesaba». «No me reconozco en ellas», apostilló.

Eguiguren, que dijo no representar al Gobierno en esos contactos, negó que hubiera negociaciones con ETA tras el atentado de la T-4 en diciembre de 2006. «Con el atentado se les comunicó que acababa la historia, aunque todavía ni se había comenzado a negociar. Fuimos a escuchar y nos fuimos. Después de la T-4 aseguro que no se negoció», dijo.

Sin órdenes

El dirigente socialista negó tener capacidad para haber prometido a la banda que no habría detenciones. Unas órdenes que, en cualquier caso, todos los mandos policiales interrogados durante las últimas semanas negaron en sede judicial. Según fuentes del proceso, todos negaron haber recibido presiones o instrucciones para aflojar en la lucha antiterrorista durante la pasada tregua. Es más, si acaso lo contrario, pues hubo que «extremar la alerta» porque la banda seguía robando armas y coches y continuaba recaudando el dinero del impuesto.

En la parte recién desclasificada están las respuestas de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Secretaría General de la Presidencia de Gobierno a los requerimientos del juez para que entregaran los documentos del Ejecutivo sobre aquellos encuentros. La respuesta es coincidente: el Gobierno no levantó actas de las reuniones y por tanto no pueden ser remitidas a Ruz.

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