La coalición crea una organización política para una Libia sin Gadafi

Más de cuarenta países, entre los que se incluía España, organismos multinacionales, de la ONU a la Liga Árabe, y la Organización de la Conferencia Islámica decidieron ayer formar un grupo de contacto que supervise y coordine la acción política de la comunidad internacional en Libia como parte de los pasos para dar empaque diplomático a las operaciones militares coordinadas por la OTAN y para fomentar el embrión de una futura Libia sin Gadafi.

No hay posibilidad de que los coaligados se entiendan con el dictador, con los miembros de su familia y las personas más destacadas por la brutalidad de sus acciones en favor del régimen. Ése es el consenso entre quienes ofrecieron comentarios tras el fin de la reunión de Londres, aunque el comunicado final, de poco más de dos folios, no ofrece una afirmación categórica.

Tampoco señala ningún acuerdo sobre la obligación de Gadafi de responder a posibles cargos ante el Tribunal Penal Internacional, ni da indicación de ofertas de ningún país para acoger al dictador libio, como la aireada unilateralmente por Italia. Pero los países que forman parte de la coalición militar, entre los que se incluyen dos árabes, Catar y Emiratos Árabes Unidos, dicen que Gadafi tiene que marcharse.

Aval, no reconocimiento

A la espera de que esto ocurra, hay un consenso más explícito en la declaración para formar un grupo de contacto. Catar acogerá la primera reunión de este ente que ha de «ofrecer liderazgo y dirección política general», coordinando su tarea con los organismos multilaterales. Pero aún no hay acuerdo sobre la composición de este grupo de contacto, aunque es obvio que el emirato catarí, EE UU y posiblemente Francia y Reino Unido tendrán asiento.

Una de sus tareas será establecer una relación estrecha con el Consejo Nacional Interino de Libia, observador en la reunión y que recibió el aval, aunque no el reconocimiento diplomático oficial, de los reunidos, entre los que se encontraban países árabes significativos y vecinos, como Marruecos, Jordania, Túnez o Líbano.

El Consejo está formado por 33 personas, designadas por consejos de oposición a Gadafi en la práctica totalidad de las ciudades libias. Según Mahmoud Shammam, director de relaciones con los medios, algunos nombres no han sido revelados por proceder de ciudades bajo el control del dictador, como Trípoli. Y, aunque tiene una mayoría de hombres, incluye a mujeres.

Con delegaciones en Washington o Londres, el Consejo Interino ha sido reconocido como representante oficial de Libia por Francia y la ministra española, Trinidad Jiménez, dijo que Madrid lo ha «reconocido de facto», al tener una relación cotidiana para la organización del cordón humanitario que pretende aliviar las penosas condiciones de vida en las ciudades sacudidas por la represión y los enfrentamientos.

Ayer, el Consejo presentó una declaración de intenciones que, bajo el título de 'Una visión para el futuro de Libia', ofrece un horizonte democrático como la ambición de sus miembros. No se considera único representante de la población ni la comunidad internacional lo tiene por tal -pues el mismo comunicado habla de la necesidad de incorporar al proceso político a «líderes tribales y a otros»- pero la visión es la de un germen de Estado nacional.

Colaboradores del tirano

Gadafi ha de partir y el Consejo quiere que, tras su marcha y la de su familia, se juzgue a los responsables de las mayores brutalidades. Pero no quiere «gente colgada en los árboles», según expresión de Shammam, que vive en el exilio por su oposición durante más de tres décadas a Gadafi, ni desea aislar a todo aquel que haya colaborado con su régimen. Incluye en sus filas a desertores del Gabinete del dictador.

La visión de la Libia futura avalada por los reunidos en Londres no ofrece calendarios pero sí objetivos. Hay que aprobar una Constitución y formar partidos políticos para celebrar elecciones. El Estado será respetuoso con la libertad religiosa. Y las alarmas sobre posible presencia de fundamentalistas islámicos en el Consejo fueron rechazadas como parte de un proceso de definición política que los directivos no temen.