El juez ratifica que el Gobierno se justificó ante ETA por las detenciones del Faisán

El juez del chivatazo a ETA, Pablo Ruz, confirmó que el Gobierno se reunió con ETA dos días después de las detenciones del aparato de extorsión de la banda del bar Faisán y que en esa reunión los representantes del Ejecutivo se justificaron ante las «recriminaciones» de los terroristas por los arrestos en plena tregua. Esas detenciones se habían frustrado un mes antes por el famoso soplo policial.

El contenido de ese encuentro, que tuvo lugar el 22 de junio de 2006, es el eje principal de la famosa comisión rogatoria remitida por la juez antiterrorista Laurence Levert el pasado diciembre y que Ruz había mantenido en el más estricto de los secretos hasta ayer. El magistrado decidió levantar la reserva sobre los seis folios enviados por la juez gala tras la filtración de las actas de ETA sobre los encuentros durante la pasada tregua. En su auto desvela que durante los últimos cuatro meses ha estado volcado en cuerpo y alma a saber de qué hablaron exactamente los terroristas y cuatro representantes del Gobierno.

Según el juez, que se basa en la información de Levert y en las actas incautadas al jefe de ETA Francisco Javier López Peña, en aquella reunión, que fue a petición de ETA, «los supuestos representantes del Gobierno habrían vertido determinadas manifestaciones en respuestas a recriminaciones por parte de las organización terrorista relativas a la práctica de detenciones por los responsables policiales y determinados aspectos de la investigación judicial» sobre el 'caso Faisán'.

Ruz, explicaron fuentes judiciales, se refiere así a la reunión en la que, dando credibilidad a las actas de ETA, los enviados del Ejecutivo calificaron de «accidente grave» los arrestos del cabecilla del aparato de extorsión, Joseba Elosúa, y otras 11 personas el 20 de junio de 2006, detenciones que se habían frustrado un mes y medio antes a cuenta del chivatazo policial del 4 de mayo. En ese encuentro, los representantes del Gobierno se excusaron ante los terroristas diciendo que «no habían podido parar» la redada ordenada por el magistrado Fernando Grande-Marlaska porque «una carta (de extorsión) le llegó al juez» y se desencadenó la operación.

Testigos protegidos

El magistrado desvela en su auto, hecho público ayer, que desde que supiera por boca de Levert de esa reunión ha reclamado en diferentes ocasiones desde enero al Gobierno todo tipo de información sobre ese encuentro. Desde las actas, si las hubiera, a la identidad de las personas que hablaron en nombre del Ejecutivo. El escrito de Ruz admite que finalmente el Gobierno identificó a cuatro de los 'negociadores' y que al menos tres de ellos declararon en secreto y como testigos protegidos en la Audiencia Nacional los pasados enero y febrero. Supuestamente serían el presidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, el exministro socialista Javier Moscoso, y el actual vocal del Consejo General del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez.

No fue esa la única reunión en que, a la vista de la información 'desclasificada' por Ruz, el Gobierno dio explicaciones a ETA por los arrestos del aparato de extorsión y el chivatazo. El pasado 14 de marzo, revela el auto, Francia envió otro documento informático incautado a 'Thierry' denominado «operación Marlaska» que tuvo lugar en septiembre de 2006 y en el que participó un «grupo de negociadores». Este encuentro no figuraba en las actas originales incautadas al exjefe del aparato político, por lo que el juez tuvo que requerirlo de nuevo. Según fuentes del caso, en ese documento se habla de la imposibilidad por parte del Gobierno de frenar la redada y del chivatazo como gesto de buena voluntad del Ejecutivo.

El auto también confirma que el juez ha interrogado en las últimas semanas a la cúpula de la Policía, de la Guardia Civil y de la Ertzaintza. El objetivo de esas declaraciones, explicaron responsables del caso, fue saber si estos mandos, como aseguran las actas de ETA entregadas por Francia, recibieron órdenes del Gobierno para no arrestar a terroristas durante la tregua. Todos aquellos responsables policiales han negado haber recibido tales instrucciones, confirmaron fuentes jurídicas.

La investigación de Ruz ha extendido también sus tentáculos a Francia. El pasado 21 de febrero fueron interrogados sobre el chivatazo y la detención de activistas durante el pasado alto el fuego lo directores generales de los principales cuerpos de seguridad galos.