La Junta se niega a enviar a la jueza de los ERE las actas de sus consejos

El Gobierno andaluz se planta ante la jueza que investiga el fraude en las prejubilaciones pagadas por la Junta y anuncia que no le remitirá las actas de todos los consejos de Gobierno de la última década (488), tal como la magistrada Mercedes Alaya le requirió en el auto del pasado día 21, porque no tiene competencias para hacerlo y porque sería «ilegal», según argumentó ayer la consejera de Presidencia, Mar Moreno. El Ejecutivo de Griñán ha hecho valer la división de poderes del sistema constitucional y argumenta su negativa en el carácter reservado de las actas según la Ley de Gobierno y en la potestad competencial del mismo a hacerlas públicas.

Ahora bien, como la Junta sostiene que quiere seguir colaborando con la Justicia para esclarecer y hallar a los culpables del fraude en los ERE (expedientes de regulación de empleo), ha ofrecido a la titular del Juzgado 6 de Sevilla una vía alternativa. La Junta le remitirá copia certificada de todos los acuerdos tomados, o los que no fueron tomados, sobre el caso que investiga la jueza, pero esta tiene primero que concretar qué acuerdos y motivar su petición. En el caso de que la magistrada rechace esta alternativa e insista en acceder a las actas completas de manera «indiscriminada», esta no tendrá más remedio que plantear un conflicto jurisdiccional al Tribunal Supremo, ya que la Junta le enviará un requerimiento de incompetencia.

Moreno subrayó que si el asunto llega al Tribunal de Conflictos del Supremo su decisión sentará jurisprudencia para otros gobiernos autonómicos e incluso para el Consejo de Ministros, porque es la primera vez que un juzgado pide una información así a un gobierno. La portavoz considera que la jueza «debe reconsiderar su petición», que, además de «inédita», cree que va «más allá de lo razonable». Según Moreno, hay «un claro conflicto jurisdiccional, de poderes constitucionales, ejecutivo y judicial».

Sin publicidad

La portavoz de la Junta recordó que el Consejo de Gobierno es un órgano político y sus acuerdos son tanto de naturaleza administrativa como política. Sólo los acuerdos administrativos están sujetos al principio de publicidad, pero no los de de dirección política, a no ser que se decida lo contrario. «Y la potestad para hacerlos públicos es exclusiva del Consejo de Gobierno», manifestó Moreno en referencia al artículo 31 de la Ley de Gobierno de la Comunidad de 2006.Según los servicios jurídicos de la Junta, la petición de la jueza es «indiscriminada, sin motivación alguna que la sustente, lo que obligaría al Consejo de Gobierno a incumplir la Ley, a renunciar a la naturaleza reservada de parte de sus sesiones o a renunciar a sus competencias», manifestó Moreno.

La negativa de la Junta abre un nuevo escenario en sus relaciones con el Juzgado 6 de Sevilla que instruye el caso de los ERE. Estas se están revelando tensas pese a las apariencias de lo contrario. La pasada semana la magistrada reprochó a la Junta, que está personada como acusación particular, «cierta falta de colaboración» en el auto en el que le reclamaba cientos de documentos, entre ellos los citados de las reuniones del Gobierno. La petición de estos colocaba el foco de la sospecha en los gobiernos socialistas de la última década, lo que reforzaba la teoría del PP de que Chaves y Griñán son responsables y encubridores de la trama.

Fuentes del Ejecutivo admitieron el temor de que las cerca de 500 actas con numerosos acuerdos de los últimos años se convirtieran en el 'wikileaks' de la Junta por las partes personadas (entre ellas el PP) en redes sociales y medios. «No alcanzo a entender para qué el juzgado puede querer todas las actas de diez años para distribuir entre todas las partes del proceso miles y miles de acuerdos que nada tienen que ver con la investigación», se preguntó Moreno.

Reacciones políticas

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, dijo que le gustaría que se haga «lo que proceda legalmente, en cualquier supuesto, pero que haya una sincera colaboración con la Justicia». Arenas, no obstante, insiste en que la colaboración «ha faltado desde el principio, como si los escándalos se pudieran resolver maquillándolos o tapándolos». Para Diego Valderas (IU), la jueza «ha puesto el dedo en la llaga» y pregunta al Gobierno andaluz «qué tiene que esconder» en las actas.

La consejera reiteró ayer que se sigue colaborando con la justicia y se han enviado más de 150.000 papeles, incluidos los de la investigación interna que han destapado 72 intrusos y otras 111 irregularidades.

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción ha asumido la investigación de los ERE, lo mismo que hace ya con todo el 'caso Mercasevilla'.