Una tramitación de incierto recorrido judicial

La secretaría técnica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos será el órgano encargado de estudiar la admisión de la demanda presentada por Baltasar Garzón. La tramitación de este tipo de denuncias tiene que atender a dos requisitos imprescindibles, según el Convenio de Roma sobre la protección de derechos fundamentales.

Por un lado, el demandante debe agotar todos los recursos internos antes de ir a Estrasburgo, en virtud del principio de subsidiariedad de la jurisdicción española; del otro existe un plazo máximo de seis meses para recurrir ante la corte europea desde la última sentencia firme. Este criterio va conexo al primero.

En el caso de la demanda de Garzón, que se fundamenta en la violación de su tutela judicial efectiva, no tiene viabilidad porque aún no hay sentencia firme sobre la causa del franquismo -el juicio no se ha celebrado todavía- y en caso de ser condenado tendría pendiente el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, la última vía judicial antes de ir a Estrasburgo.

Existen bastante precedentes de inadmisión de demandas de este tipo que aún no han agotado las instancias nacionales. Una de ellas fue una denuncia del Parlamento vasco sobre derechos fundamentales que fue desestimada por este motivo. No tuvo viabilidad, pero sí efectividad en cuanto a que ocupó portadas de medios de comunicación durante varios días.

La secretaría técnica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos suele tardar del orden de seis a ocho meses en tomar una decisión sobre la admisión o no de este tipo de demandas, dado el volumen de asuntos que tiene pendientes de resolver.