Incentivos para sacar a la luz el empleo 'negro'

El Gobierno se propone hacer aflorar el máximo posible del empleo sumergido con la práctica de la zanahoria y el palo. Desde junio de este año y hasta diciembre de 2012 se darán una serie de incentivos a las empresas que saquen a la luz a los trabajadores que ahora forman parte de la legión de activos de la economía irregular. Vencido este plazo, aumentarán los controles y se agravarán las sanciones a los contratadores. También lo tendrán más difícil quienes simultanean el cobro de una prestación pública por desempleo con el desempeño de alguna tarea 'en negro'.

El presidente del Gobierno no desveló más detalles de la iniciativa porque tiene intención de someterla a la mesa del diálogo social para que los interlocutores se pronuncien. Los sindicatos ya conocen los mimbres, y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero expondrá las grandes líneas hoy, en su encuentro con los grandes empresarios.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, se apresuró a explicar que no se trata de una amnistía para quienes hasta ahora se han movido como pez en el agua en la economía sumergida, porque la legislación española no facilita este tipo de procesos de cerrar los ojos y pasar página, sin tomar en cuenta las conductas pasadas.

Por eso se limitó a anunciar que se ampliarán los plazos para que las deudas acumuladas se puedan pagar con mayor facilidad, y se reducirán las garantías a quienes pidan un aplazamiento.

Los aplazamientos ya existen y son el pan de cada día en el sistema de la Seguridad Social desde que comenzó la crisis. También se han establecido mecanismos que permiten obviar las garantías exigidas cuando se pacta un retraso. Por ejemplo, cuando una pyme obtiene un préstamo de liquidez del Instituto de Crédito Oficial para mantenerse a flote, esa misma operación sirve de garantía para aplazar el pago de las cotizaciones.

La gran diferencia con la nueva propuesta reside en que ahora se trata de regularizar empleos en negro. «Sacar a la luz los puestos de trabajo que existen ayudará a mejorar las finanzas públicas y del sistema de protección social y también la situación en la que desempeñan sus tareas miles de trabajadores», defendió el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. Insistió en que se trata de abrir un periodo de regularización voluntaria. Después, algunos comportamientos del empleo irregular tendrán sanciones más severas que las actuales.

Gómez recordó que ya se penalizan conductas como el cobro de la prestación de paro y el desempeño de un trabajo en la economía sumergida. Unos 250.000 expedientes se abren cada año cuando se sospecha de estas prácticas.