Editorial

Llamada de responsabilidad

Lisboa debe minimizar daños acudiendo cuanto antes al fondo de rescate europeo

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La cumbre de la UE prevista para avanzar en un sistema de respuesta que garantice la estabilidad financiera de las economías europeas tuvo ayer que enfrentarse a un ejemplo práctico. La víspera, el Gobierno portugués de José Sócrates se vio obligado a dimitir al encontrarse en minoría parlamentaria ante lo que el primer ministro en funciones denominó una «coalición negativa» respecto a su cuarto plan de ajuste. Como consecuencia, resulta prácticamente inevitable que Portugal acabe solicitando el rescate que Lisboa trataba de eludir. La república portuguesa deberá devolver a sus acreedores un monto de 4.500 millones de euros en abril seguido de otro de 4.900 en junio. La ineludible convocatoria de elecciones para dentro de dos meses pospondría demasiado tiempo la formalización de una solicitud de ayuda. Es ya inevitable que las condiciones del rescate se vuelvan aún más exigentes que el plan de ajuste acordado con la UE y rechazado por el Parlamento de Lisboa. Pero se trata de la contrapartida de un fiasco: el protagonizado por las fuerzas políticas y las instituciones portuguesas en su aparente intento de sortear precisamente ese rescate. La estimación del mismo en torno a 75.000 millones por parte del presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, da cuenta de la magnitud de las dificultades financieras por las que atraviesa el país vecino. Dificultades que afectan a las entidades de crédito españolas en lo que se refiere a la deuda acumulada por empresas y familias, a las alemanas en cuanto a su implicación en la red bancaria portuguesa y a las francesas en lo que respecta a las cuentas públicas de Portugal. Tanto las autoridades de la Unión como el comportamiento de los mercados han atestiguado que la situación portuguesa no es extrapolable ni tiene porqué afectar a la credibilidad recuperada por nuestra economía. Y ello a pesar de la rebaja de calificación por parte de Moody's a una treintena de entidades financieras españolas. Por eso mismo es necesario que nuestro país inquiera a Lisboa una actitud responsable que minimice daños acudiendo cuanto antes al fondo de rescate europeo.