Un Supremo dividido corta el paso a Sortu

El Supremo dijo no, pero no fue, ni mucho menos, por la unanimidad que buscaba. La Sala Especial del artículo 61 del alto tribunal, tras nueve horas de acalorado debate, acordó denegar a Sortu su inscripción en el registro de partidos del Ministerio del Interior. La división fue tal que tres magistrados, en una decisión sin precedentes en los procesos de ilegalización de formaciones políticas, anunciaron que plantearán votos particulares porque creen que Sortu debe estar en las elecciones de mayo.

Según explicaron fuentes judiciales, la mayoría de los magistrados, como sostenía el Gobierno y la Fiscalía, consideraron que la nueva marca independentista vasca, a pesar de que sus estatutos rechazan la violencia de ETA, no es más que un nuevo sucedáneo de la ilegal Batasuna para burlar la ley de partidos y que su legalización sería un fraude a las sentencias que proscribieron a la coalición y a sus herederas.

Tras el varapalo en el alto tribunal, a Sortu solo tiene una última oportunidad para concurrir a los comicios del próximo 22 de mayo, el Constitucional. El partido podrá recurrir en amparo a la corte en cuanto le sea notificada la totalidad de la sentencia que aborta su nacimiento legal. Ayer solo se conoció el fallo, la parte dispositiva de la resolución.

A partir de ahí, serán los miembros del Constitucional, que no tienen plazo legal alguno para resolver esta apelación por no ser un amparo electoral, los que decidan si hacen una excepción y se ponen a estudiar el asunto de inmediato, habida cuenta de que Sortu quedaría definitivamente fuera de los comicios si no hay un fallo favorable -y que revoque la sentencia del Supremo- antes del 18 de abril, último día hábil para presentar las candidaturas.

Minoría a favor

La Sala Especial, encabezada por el presidente del Supremo, Carlos Dívar, tras reunirse en sesión de mañana y de tarde y después de un tenso debate en el que varios magistrados se mostraron abierta y públicamente a favor de dejar que Sortu concurra a las urnas, acordó rechazar el alta del partido en el registro de Interior en ejecución de las sentencias que ilegalizaron a Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok. Unos fallos en cuya aplicación este mismo tribunal ya dejó fuera de las elecciones de 2007 a Abertzale Sozialisten Batasuna, el único partido «ex novo» con el que la izquierda independentista ilegalizada, hasta ahora, había intentado participar en unos comicios.

La discusión fue tan intensa que en ningún momento siquiera se vislumbró la posibilidad de un fallo unánime, como había ocurrido hasta ahora con todos los anteriores intentos de la izquierda 'abertzale' por volver a las elecciones, a excepción de Iniciativa Internacionalista en las elecciones europeas de mayo 2009, el único precedente de un Supremo tan dividido.

Aun así, la mayoría de magistrados, explicaron fuentes del tribunal, al final apoyó las tesis de Carlos Lesmes, ponente de las demandas, que defendió con «contundencia» y durante dos horas la no inscripción al entender que el nacimiento de Sortu no es fruto de una verdadera ruptura con ETA y con Batasuna tras un largo debate en 2009 y 2010, como sostienen sus abogados.

Lesmes habló de «sucesión fraudulenta» de Batasuna e insistió en la evidencia de que los dirigentes de las formaciones ilegalizadas están detrás de la nueva marca. Negó además que su rechazo al terrorismo sea «sincero», como argumentó el martes ante la sala Iñigo Iruin, el letrado de la formación y redactor de los estatutos de la misma. Iruin había pedido al tribunal que dejara pasar a Sortu, aunque solo fuera porque su legalización sería una «herramienta fundamental» para el fin de la violencia en el País Vasco ya que «estrangularía cualquier espacio social y político para la práctica de la violencia».

La sentencia, cuyo contenido íntegro se conocerá a principios de la semana próxima, recogerá buena parte de los alegatos que la Abogacía del Estado y la Fiscalía hicieron ante la sala, revelaron juristas conocedores de las deliberaciones. Estos precisaron que los magistrados también tienen intención de hacerse eco de muchas de las pruebas presentadas por la Policía y la Guardia Civil que sirvieron de base a las demandas.

«Complejo ETA-Batasuna»

En su alegato final, el abogado del Estado en este proceso, Manuel Rivero, había acusado a la formación a la nueva marca electoral de la izquierda 'abertzale' de ser la «enésima manifestación del complejo ETA-Batasuna», de ser «parte del mismo complejo estratégico» terrorista. El fiscal Antonio Narváez reclamó la ilegalización de Sortu porque su alejamiento de la violencia es «puramente estratégico y utilitarista». El Ministerio Público habló de un «ropaje formal de aparente ruptura» con ETA y Batasuna, con el único fin de ir a los comicios.

Los especialistas de la Policía y la Guardia Civil que elaboraron los informes que han servido de base para las demandas contra la nueva formación encuadraron la creación del partido dentro de la «estrategia político militar» de ETA. Un movimiento táctico, detallaron, que pasa por «desactivar temporalmente la violencia terrorista» para «priorizar» la «vía política», pero siempre sin «descartar la (vía) militar».

Ante los 16 magistrados de la Sala del 61, los agentes de las fuerzas de seguridad explicaron que «Sortu es un iniciativa de Batasuna para refundarse y relegalizarse (sic)», con un proyecto, que aunque ETA no comparta en su totalidad, ha «bendecido» y al que ha dado su «placet».