El Tribunal de Cuentas pide más seriedad en las futuras reconversiones de astilleros

El informe del Tribunal de Cuentas sobre la reconversión del sector naval ha servido para dar un toque de atención sobre los procesos de reconversión que han sufrido los astilleros. Así consta en las recomendaciones que hacen al final del documento, donde piden que en el futuro «se analicen con la amplitud y profundidad necesaria todas las circunstancias, los diversos escenarios en los que se desenvuelven estos procesos y las variables posibles, asegurando la eficacia de su ejecución y evitando que, como sucedió en el proceso de reconversión objeto de esta fiscalización, hayan de formularse dos planes distintos para la misma finalidad en un periodo e cuatro años».

El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, explicó ayer que la reestructuración del sector público naval español tuvo un coste para el Estado de 3.515,6 millones de euros entre 2000 y 2006. Esta cantidad se reparte entre 2.478,4 millones de euros en concepto de aportaciones a los astilleros públicos dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y 1.037,3 millones derivados de los compromisos del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Izar, que afectó a 3.983 trabajadores, y los de astilleros de Sestao y Manises, sobre 356 empleados.

Durante los planes de reconversión, los astilleros de Cádiz y Puerto Real fueron los que presentaron mayores pérdidas, según consta en el informe.

Núñez recordó que este proceso se ordenó en dos fases, la primera de ellas entre 2000 y 2004, bajo el Gobierno de José María Aznar, con el objetivo de conseguir la «rentabilidad económica» del grupo empresarial Izar , que se creó un año más tarde.

La segunda fase dio comienzo en julio de 2004, motivado por las «importantes pérdidas» de 2.600 millones que acumulaba Izar y por la decisión de la Comisión Europea de declarar ilegal las aportaciones públicas tanto a esta empresa pública como a Astilleros de Puerto Real, Sevilla y Sestao (AESA), obligando a su devolución por un importe total de 1.343 millones de euros.