La supresión de un impuesto abre las primeras fisuras en el Gobierno catalán

El Govern de CiU aún no ha cumplido cien días y ya empieza a mostrar síntomas de falta de unidad. La tensión con amenaza de grieta que se ha declarado entre las dos formaciones que componen el Gobierno catalán, Convergencia Democrática de Catalunya y Unió Democrática viene motivada por el impuesto de sucesiones y donaciones.

La federación nacionalista incluyó su supresión como una de sus principales promesas de campaña, pero las manifestaciones que han realizado los portavoces de ambos partidos en los últimos días demuestran que no hay consenso sobre si el tributo debe eliminarse de forma total o parcial.

Si el domingo, el secretario de la Generalitat, el convergente Germà Gordó, anunció que el Ejecutivo de Artur Mas impulsará la anulación de una parte de este impuesto, el secretario general de Unió y actual consejero de Agricultura, Josep Maria Pelegrí, sorprendió al afirmar que desconocía la propuesta de Gordó. «Unió no tiene ninguna intención de incumplir el programa de CiU. Queremos lo que pone el programa electoral», dijo. «Y eso, añadió, es suprimir el impuesto sobre sucesiones y donaciones». No uno sí y el otro no.

Aunque en la marcha atrás de la supresión total puede estar la necesidad que tiene la Generalitat de contar con el PSC para sacar adelante los presupuestos -los socialistas han condicionado su apoyo a que los CiU respete la reforma que llevó a cabo el tripartito en el citado impuesto-, la lucha de egos también ha jugado un papel destacado en esta primera minicrisis.

El líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, se adelantó a todos cuando el pasado 12 de marzo dijo que la Generalitat suprimiría el tributo antes de las elecciones municipales. En Convergencia no sentó nada bien, ya que se entendió que debía ser alguien del propio Ejecutivo quien anunciase las iniciativas del Gobierno.