Los 'pinganillos' no se verán en el Congreso

Los 'pinganillos' que tanto revuelo levantaron en enero por su implantación en el Senado no llegarán al Congreso. Socialistas y populares unirán mañana sus votos para rechazar una propuesta de todos los grupos nacionalistas, que reclaman un sistema de traducción simultánea al castellano para que el euskera, el catalán, el gallego y el valenciano también se puedan utilizar en los debates de la Cámara Baja.

Los dos grupos mayoritarios, a los que se sumarán los votos de Rosa Díez, de UPyD, y Carlos Salvador, de Unión del Pueblo Navarro, defenderán que en el Congreso solo se emplee la única lengua común del Estado, el castellano. El PP no tiene previsto adornar su negativa con muchos matices. De hecho, fue la única fuerza junto a UPN que el 13 de julio de 2010 votó contra el uso de lenguas cooficiales en las sesiones plenarias del Senado porque consideró «una ridiculez» y un despilfarro de dinero pagar por un sistema de traducción simultánea para que se comuniquen personas que comparten una lengua común.

Los socialistas sí que matizarán su postura. Explicarán que en el Senado apoyaron el uso ocasional del euskera, el catalán, el gallego o el valenciano, e incluso soportaron el chaparrón de críticas de los populares, porque se trata de la cámara de representación territorial, la que refleja el estado autonómico, una característica que no concurre en el Congreso.

De hecho, muchos diputados socialistas están molestos con los nacionalistas porque creen que han roto el pacto sellado hace poco menos de un año. Una de las condiciones del PSOE para aceptar aquel acuerdo fue que no se plantearía el uso de 'pinganillos' en el Congreso.

La propuesta que mañana defenderán los portavoces de CiU, PNV, ERC, IU-ICV, BNG y Na-bai busca ir incluso más allá de lo logrado en el Senado. La iniciativa, liderada por Esquerra, reclama la adición de un nuevo apartado en el artículo 6 del reglamento de la Cámara que permita el uso de las lenguas cooficiales en todos los debates parlamentarios, tanto en pleno como en comisión o en la diputación permanente. También reclaman que los parlamentarios puedan plantear su iniciativas y en las lenguas autonómicas y que se publiquen así en el boletín del Congreso. Defienden asimismo que los ciudadanos puedan dirigirse de igual manera en sus escritos a la institución.

'Fórmula Marín'

El pacto del Senado limitó el uso de los idiomas a los debates de las mociones, iniciativas que exhortan al Gobierno a realizar algún tipo de acción. Los socialistas rechazaron usar el 'pinganillo' para todo lo demás, léase preguntas al Ejecutivo, interpelaciones o cualquier otro debate. La única excepción se da en la comisión de Comunidades Autónomas, que por su carácter territorial emplea la traducción simultánea desde 1995.

La utilización de los auriculares en el Senado cuesta unos 12.000 euros por sesión, y el presupuesto anual estimado es de 350.000 euros. Siete filólogos titulados, dos de euskera, dos de catalán, dos de gallego y uno de valenciano, se relevan para traducir al castellano a los senadores, intervenciones que entregan después a las tipógrafas para que las incorporen al acta. A este gasto hay que sumar los casi 5.000 euros que costaron los 400 equipos de traducción simultánea.

Los nacionalistas aspiran a que si PSOE y PP rechazan en el Congreso el libre uso de las lenguas autonómicas, como va a ocurrir, al menos permitan recuperar la conocida como 'fórmula Marín', llamada así en alusión al presidente del Congreso en la anterior legislatura. Este diputado socialista permitió que los parlamentarios iniciasen sus parlamentos con unas breves palabras en la lengua de su elección siempre que más tarde las tradujesen, pero acabó por prohibirlo al entender que se producían abusos.

Los grupos nacionalistas trataron de recuperar esta fórmula en julio pasado en una carta al presidente del Congreso. Pero José Bono, nada partidario del pluralismo lingüístico en la Cámara, contestó que cualquier intento de utilizar lenguas que no sean el castellano en el hemiciclo pasa por la reforma del reglamento del Congreso, algo que nunca será posible sin el apoyo de uno de los grupos mayoritarios. Y ni PSOE ni PP están por la labor.