El TSJA admite un recurso contra una ordenanza de convivencia similar a la de El Puerto

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite el recurso contra la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano de la capital de Málaga, que, entre otros aspectos, prohíbe el ejercicio de la prostitución en la vía pública. Dicho recurso fue presentado por el Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos y se opone a unas normas municipales similares a las que ha generado un gran rechazo vecinal en El Puerto.

El Alto Tribunal andaluz ha requerido al Ayuntamiento de Málaga que le remita el expediente administrativo. El portavoz del Grupo 17 de Marzo, Luis de los Santos, ha explicado que una vez que esto ocurra, se le dará traslado al colectivo, que tendrá un plazo «para formalizar la demanda correspondiente».

De los Santos afirmó que este recurso, que se interpuso a finales de enero, se presentó después de que desde la asociación «hablara con colectivos de la ciudad y se le informara de que no había habido ningún proceso de participación real en la elaboración de la ordenanza, al margen del periodo de alegaciones».

El letrado, que se encarga además de dirigir la acción jurídica, señaló que aunque se interpusieron alegaciones por parte de varios colectivos sociales y culturales, éstas «no sólo no se tuvieron en cuenta, sino que la ordenanza original que se plantó se ha endurecido muchísimo más en la aprobación final».

«Creemos que se vulneran derechos fundamentales, porque se criminaliza a colectivos como los mendigos y las prostitutas», apuntó; al tiempo que ha subrayaba: «un ayuntamiento no tiene competencias para regular determinados temas». Así, ha recordado que hay planteados otros recursos parecidos ante el TSJA.

El Grupo 17 de Marzo es una asociación de abogados y juristas constituida ahora hace cinco años y que tiene socios en Málaga, Sevilla, Granada y Cádiz . Su objetivo es «la defensa de los derechos humanos y civiles y se opone a cualquier medida que limite esos derechos».

La Ordenanza de Convivencia de Málaga, como la de El Puerto, prohíbe las prácticas sexuales en espacios públicos, así como el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación de servicios sexuales que se produzcan a menos de 200 metros de centros educativos, parques infantiles y zonas residenciales.