CC OO exige un pacto global para toda la plantilla del grupo

El sindicato CC OO quiere lograr un pacto global que articule una solución para todos los trabajadores de Nueva Rumasa y no una salida a través de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), como los que ha presentado la familia Ruiz-Mateos para dos plantas de Clesa y una de Royne.

Así lo indicó el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CC OO, Jesús Villar, quien avanzó que éste es el objetivo de la reunión que mantendrán el próximo 22 marzo con el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), la Dirección General de Trabajo, Nueva Rumasa y la Federación Agroalimentaria de UGT.

Para Villar, los expedientes de regulación de empleo temporal que ha presentado la compañía suponen desvirtuar el objetivo de llegar a «un pacto global».

Villar aseguró que Nueva Rumasa adeuda seis millones de euros a los trabajadores por impago de nóminas y pagas extra, «aunque es una cifra que hay que ir actualizando día a día a medida que se acumulan esos impagos». El Fogasa (Fondo de Garantía Social) se ha comprometido a abordar las deudas salariales con los trabajadores, subrogándose a las pendientes hasta un máximo de 150 días, equivalente a cinco meses, y convertirse en acreedor de Nueva Rumasa, según los sindicatos.

Las mismas fuentes recordaron que Nueva Rumasa no les adeuda las mismas pagas a todos los trabajadores y que incluso en la misma compañía hay empleados que han cobrado el mes y otros no.

El motivo es que la empresa paga por ficheros, es decir, los sueldos que primero se abonan son los salarios más bajos.

Los importes adeudados oscilan en función de las compañías y van desde el retraso de un mes al caso de Clesa, donde a los trabajadores se les deben dos pagas extras y las mensualidades de enero y febrero.

Para los empleados de empresas de Nueva Rumasa que no están en concurso de acreedores una de las vías de llegar al Fogasa es lograr un reconocimiento de deuda y una declaración de insolvencia por parte de la empresa, un camino cuya tramitación puede alargarse hasta más de seis meses. En el caso de los empleados de las compañías en concurso de acreedores son los administradores judiciales los que certifican esa situación de insolvencia.