El Congreso se compromete a esclarecer los casos de bebés robados

Respaldo general del Congreso para esclarecer las denuncias sobre bebés robados. Pese a los primeros reveses judiciales, en los últimos días los magistrados han archivado dos casos en Cádiz y uno en Málaga, todos los grupos parlamentarios se comprometieron a llegar hasta el final y depurar responsabilidades penales para que los hechos no queden «impunes». Para ello se marcaron el reto de aclarar estas «graves denuncias» antes de que acabe la legislatura.

El presidente de la Comisión de Justicia, el socialista Álvaro Cuesta, tras escuchar a los representantes de dos plataformas de afectados, reiteró la solidaridad del Parlamento con todas las familias y garantizó su apoyo para remover todos los obstáculos administrativos que impiden conocer qué ocurrió con sus seres queridos.

La diputada del PSOE Carmen Juanes aseguró que se trata de unos hechos que no pueden quedar impunes; a popular Inmaculada Bañuls reclamó que se depuren responsabilidades penales; el diputado de CiU Jordi Jané apostó por adoptar cuantas medidas sean necesarias para paliar los daños; Emilio Olabarría, del PNV, apuntó hacia reformas legislativas para la reparación de las víctimas; el diputado de Esquerra Republicana Joan Tardà recordó que el tiempo apremia por la edad de algunas víctimas; y Rosa Díez, de UPyD, aseguró a los afectados que van a tener una «causa común» en el Congreso.

Los afectados reclamaron a los diputados una legislación que facilite el acceso a los datos clínicos privados, ya que una de las principales trabas con la que se encuentran a la hora de buscar pruebas es el rechazo administrativo por tratarse de documentación protegida. Para ello piden que, sin perjuicio de la Ley de Protección de Datos, las víctimas puedan acceder a informes médicos, registros de pacientes, informes de autopsias, historiales clínicos, partidas de nacimiento y defunción...

La razón es que los denunciantes se encuentran en «muchas ocasiones» a merced de la buena voluntad del funcionario de turno o de la orden arbitraria de un superior. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ya avanzó que se articularía un procedimiento para que fuera posible que las familias accedieran a los archivos públicos.

Esta medida se une al banco de ADN que la plataforma ha puesto en marcha para cotejar la filiación de los afectados. De momento, ha dado resultado en un caso de Barcelona, donde una familia se ha reencontrando gracias a esta prueba.

Asimismo, la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) ha dado las gracias a la Fiscalía General del Estado por su papel en la investigación de las denuncias. El Ministerio Público se comprometió a abrir diligencias de oficio y dejó en manos de sus fiscales provinciales la decisión de judicializar los casos donde hubiera indicios de delito. Uno de ellos, el de una mujer de Estepona, fue enviado al juzgado de instrucción, pero el magistrado lo archivó de plano por «falta de pruebas». Ahora la Fiscalía de Málaga ha recurrido como ha hecho la de Cádiz.