La Junta reconoce el fraude de incentivos a empresas

El 59% de las compañías que fueron investigadas por la Junta de Andalucía no había cumplido el compromiso adquirido al recibir una ayuda para la estabilidad del empleo, procedente de los fondos sociales de la Unión Europea.

El sondeo aleatorio realizado por la Junta en 6.096 empresas destapó 4.082 casos de incumplimiento que han finalizado en expedientes de reintegro.

Cuando una empresa recibe una subvención por contratar a un trabajador de forma indefinida se compromete a mantener este acuerdo laboral, al menos, durante cuatro años. Y este plazo es el que no han cumplido las 4.082 compañías expedientadas.

El porcentaje es bastante alto, pero la Junta sale en defensa de los empresarios asegurando que no son defraudadores, que buena parte se explica por la crisis, por la que no han podido mantener en plantilla a los trabajadores. Según fuentes del gobierno andaluz, no comparten la opinión «del PP y de Javier Arenas, de que los empresarios son todos unos defraudadores. No ha habido fraude masivo. Somos conscientes del momento especial que atraviesan los empresarios andaluces, que generan empleo, como consecuencia de la crisis. La Junta, como ha venido haciendo, recuperará todas las subvenciones que no hayan llegado a buen fin». Las mismas fuentes apuntaron que «habrá quien haya tenido ánimo de defraudar, pero otros muchos empresarios han sido incapaces de sostener el empleo y se han visto en la obligación de renunciar a las ayudas y devolver incentivos».

En la provincia de Cádiz han auditado a 471 empresas, de las que 278 habían cometido irregularidades en sus contrataciones bonificadas. El peso relativo del fraude, según el estudio de la Junta, es del 59%, idéntico a la media andaluza.

Sondeo aleatorio

Pero, mientras que en Cádiz se han fiscalizado esas empresas, en Granada han sido 2.918 firmas las auditadas, en las que se han encontrado 2.064 incumplimientos. Es decir, el 70% de los empresarios no había cumplido con su compromiso. Pero el porcentaje más llamativo es el de la provincia de Sevilla, donde el 93% de las empresas investigadas no había cumplido con lo acordado para recibir los fondos europeos (469, de las 504 auditadas). La que sale mejor parada del análisis de la Junta de Andalucía ha sido Almería con el 31,7% de incumplimientos (en 292 firmas de las 920 investigadas).

Según fuentes del gobierno andaluz, «estos datos demuestran el control masivo y la diligencia de la Junta que, en todo momento, ha cumplido con su obligación de controlar» y aseguran que la mayoría de los casos se resolverán por la vía administrativa. «La investigación impulsada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estima un presunto fraude de 26 millones, pero solo en 24 casos el comportamiento de los empresarios derivará en un proceso penal», argumentaron.

Esta es la respuesta del gobierno andaluz las críticas de la oposición por la polémica desatada hace unos días debida al supuesto fraude en las ayudas de la Unión Europea para incentivar las contrataciones indefinidas. Según fuentes de LA VOZ la Guardia Civil ha investigado más de 2.400 empresas en la provincia de Cádiz; todas las que solicitaron acogerse a estas subvenciones del Fondo Social Europeo. Y se detectaron irregularidades en casi el 33%, unas 800. La cantidad defraudada en la provincia supera los tres millones de euros.

En toda Andalucía, el fraude asciende a unos 7.000 expedientes, el 40% de los casos investigados, y más del 30% del dinero entregado en estas subvenciones ha sido presuntamente fraudulento.