El comité confía en que «la gente no vincule a los exDelphi con este feo asunto»

El primero en reaccionar ante la noticia que publicó el sábado LA VOZ sobre los dos intrusos en el ERE de la industria auxiliar de Delphi fue el representante de UGT en la mesa de negociación, Antonio Montoro, quien afirmó que está totalmente seguro de los casos que tocan directamente a la plantilla de Delphi, «porque los conocemos a todos, pero en la industria auxiliar, no tenemos nada que ver». Montero señaló directamente a la aseguradora (Uniter, en este caso), ya que «desde allí se tramita todo el papeleo y es donde puede estar el fraude».

Montoro explicó que es especialmente farragoso el asunto de las prejubilaciones y que por eso, «en el caso de que haya habido fraude en las subcontratas, haya venido por ahí. Todo esto es el desarrollo del protocolo que firmamos el 4 de julio de 2007. Pero a partir de ahí, en la burocracia, los sindicatos pintamos poco».

El sindicalista de UGT se mostró preocupado por que se relacione este asunto «tan feo» con los extrabajadores de Delphi, «que no tienen absolutamente nada que ver con esto. Espero que la gente no se confunda», sentenció Montoro. «Tanto el colectivo de trabajadores como el DTS están totalmente desvinculados de este asunto», abundó el sindicalista.

El presidente del Partido Popular provincial, José Loaiza, sentenció que «ya habíamos anunciado que le tocaría la provincia de Cádiz. Porque la Consejería de Empleo se ha convertido en la cueva de Ali-Baba», sentenció Loaiza.

El responsable popular aseguró no conocer la identidad de los intrusos, «pero se acabará sabiendo, como todo. Pero de lo que sí estamos totalmente seguros es de que los exconsejeros de Empleo estaban al tanto de todo lo que ocurría. Hasta tal punto que le quitaron las competencias a las delegaciones provinciales para llevarlo todo desde Sevilla».

El presidente del PP en Cádiz enlazó el caso de fraude en los ERE con los fraudes a incentivos al empleo estable. «Esto también terminará saliendo. Sabemos que buena parte de este escándalo comenzó en Cádiz. Las academias de formación se quejaban de retrasos en los abonos y del sistema de baremación para adjudicar las ayudas», argumentó el responsable popular.