La lacra de la economía sumergida

La economía sumergida, que incluye aquellas actividades ilegales como pueden ser la facturación falsa o falseada, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la prostitución o blanqueo de capitales, también engloba a la denominada economía 'informal' o 'irregular', y que es la actividad económica no ilegal pero que está oculta por motivos de elusión fiscal o de defectuoso control administrativo, como por ejemplo el trabajo doméstico, la venta ambulante espontánea, la infravaloración del precio escriturado en una compraventa inmobiliaria, los arrendamientos no declarados, trabajos que no se declaran, etc.

Popularmente se suele designar a esta economía como 'pagar bajo cuerda', 'fuera de libros' (de contabilidad se entiende), 'pagar en negro', etc. En España representa más del 23% del PIB (Producto Interior Bruto), lo que equivale a 240.000 millones de euros. No solamente causa un daño patrimonial a los ingresos del Estado, sino que sirve para disfrutar indebidamente de beneficios sociales, subvenciones y subsidios, ya que se oculta una parte de la renta de los contribuyentes, con lo que los que la practican se hacen acreedores de unos derechos que de otra forma no podrían disfrutar. La consecuencia es que además de cometerse fraude se está atentando contra los que, de buena fe, cumplen con sus obligaciones fiscales, lo que se traduce en competencia desleal.

Pero analicemos la razón de la existencia de esta forma de actuar: por una parte tenemos un grave problema de concienciación de los operadores de esta economía que aún no han asumido el grave daño que hacen a la sociedad con su práctica y por otra tenemos la falta de rigor de los ciudadanos que utilizan la misma, por ahorro. Y es que la conciencia ciudadana es la que puede frenar y hacer disminuir esta lacra que tanto daño hace a los pequeños empresarios y profesionales libres, los llamados autónomos, que cumplen con todas sus obligaciones formales en el ejercicio de sus actividades.

La Agencia Tributaria ha iniciado un plan agresivo de lucha contra la economía sumergida, con el objetivo de estrechar el cerco de aquellos que la practican. Se pondrá en marcha una serie de medidas para luchar contra el fraude fiscal que se comete en esta economía, y así tratar de controlar y reducir todo este entramado de abusos que sólo conducen a irregularidades injustas y perniciosas para una economía que debe ser absolutamente transparente. La nueva hoja de ruta del Fisco utilizará signos externos y una forma activa de actuaciones de la inspección para detectar las actividades sin declarar.

Las medidas consistirán, fundamentalmente, en controlar : a) signos externos de riqueza, b) consumo de energía eléctrica de determinados inmuebles, a fin de detectar arrendamientos sin declarar, c) las prestaciones sociales a fin de detectar los que sean beneficiarios de ella y puedan estar actuando en esta economía, d) importaciones de bienes, fundamentalmente de Asia y otros países terceros y los canales de distribución de estos productos, e) el uso de billetes de alta denominación (cuantía elevada), a fin de detectar falsas empresas subcontratistas , e) los denunciados o condenados por delito fiscal, f) contribuyentes que declaran por el sistema de módulos, etc.

Junto a lo anterior, es intención del Fisco, que los inspectores de Hacienda salgan más a la calle a vigilar el fraude en pequeños comercios y aprieten 'las tuercas' a los contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones fiscales. Es un cambio de filosofía, como manifiesta el Director General de la Agencia Tributaria Juan Manuel López Carbajo, y que pretende que las inspecciones no se realicen sólo desde de la oficina de la Agencia Tributaria. Además se buscarán vías alternativas de información que conduzcan a la detección de actividades fraudulentas para el Fisco.

Pero a pesar de que la economía sumergida pueda ser sometida ahora a un férreo control, incluso con la creación de una unidad especial que colaborará con los inspectores de Hacienda y de Trabajo, lo cierto es que en el país del Lazarillo se enaltece al defraudador y se considera pardillo al cumplidor. Y es que además los contribuyentes pueden hasta justificar el fraude, especialmente en épocas de recesión.

Finalmente, creo que cualquier sociedad de nuestro tiempo tiene que asumir una fiscalidad justa y soportable. No se trata de pagar más sino de que paguen todos, mediante un sistema fiscal universal, para todos. Hay que romper viejos atavismos y educar a la ciudadanía en la necesidad de pagar impuestos y la importancia que ello supone para el país. Más importante que la coacción es la concienciación.