Aguayo: «Nunca comenté a Griñán los informes de la Intervención»

«Se está diciendo que el presidente supo, tapó y permitió, y ni supo, ni tapó ni está permitiendo, y el que diga esto está mintiendo». Así de tajante se mostró ayer la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, sobre la acusación que hace el PP de que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, conocía los informes de la Intervención General de Hacienda que alertaban de anomalías en el procedimiento de las ayudas sociolaborales del fondo del que se pagaban los expedientes de regulación de empleo (ERE), y por tanto las prejubilaciones. Griñán era consejero de Economía y Hacienda cuando fueron cursados esos informes, en 2005, 2006 y 2007. La Junta ya ha detectado hasta ahora 146 prejubilaciones irregulares en los ERE tramitados por la Junta en la última década, entre las cuales hay 59 intrusos.

Carmen Martínez Aguayo desveló ayer en un encuentro con periodistas que era ella como viceconsejera de Economía y Hacienda entonces la que recibía los informes de la Intervención General, pero que Griñán nunca llegó a tener conocimiento de ellos porque «no tenía por qué tenerlo». «Nunca se lo comenté, y nunca lo hice porque los informes nunca alertaron de menoscabo en los fondos públicos», manifestó. Martínez Aguayo se responsabiliza de este forma de la gestión de unos informes utilizados por la oposición para responsabilizar a Griñán políticamente de la trama de los ERE fraudulentos.

De oficio

El decreto de 1999 que establece el procedimiento del control financiero de las empresas de la Junta dice que el interventor general dará traslado de sus «informes definitivos a las empresas, así como al titular de la Consejería de que dependan y al titular de la Consejería de Economía y Hacienda». La misma norma establece que la Intervención emitirá «un informe de actuación» en aquellos casos en que se aprecien circunstancias que por su importancia «pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos».

Martínez Aguayo explicó que el modus operandi habitual es que los informes de oficio de la Intervención lleguen al titular de Hacienda a través de la viceconsejería y que esta dé cuenta de ellos al consejero sólo cuando saltan las alarmas con un «informe de actuación» alertando de la posibilidad de que se menoscaben fondos públicos. La consejera aseguró que ninguno de los informes de la Intervención de Hacienda sobre los fondos destinados a los ERE fueron de actuación. De ahí que Griñán no llegara a conocerlos. La propia Martínez Aguayo confesó que tampoco suele leerse las auditorías de oficio ya que cada año la Intervención emite un centenar. «¿Alguien piensa que puedo leerme todo eso?», preguntó señalando un carrito con numerosas cajas con documentos.

La Dirección General de Empleo pagaba las subvenciones para las pólizas de prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis a través del IFA, luego IDEA (empresa pública de la Consejería de Innovación), mediante una transferencia de financiación de explotación acordada en convenio, fórmula con la que por ejemplo también la Consejería de Salud financia el Hospital de la Costa del Sol. Con este procedimiento, Empleo pretendía agilizar las ayudas a los ERE. La Intervención de Hacienda alertó en sus informes de 2005, 2006 y 2007, a los que tuvo acceso este periódico, que ese procedimiento «no es el adecuado» para ayudas excepcionales como la de los ERE y que deberían tramitarse con la figura de la subvención excepcional, que ha de ser aprobada por Consejo de Gobierno.

Opacidad

Los informes de 2006 y 2007 reiteran en la opacidad de la fórmula empleada por Empleo, insistiendo en que la Dirección General ha prescindido del procedimiento establecido para subvenciones excepcionales como se le había aconsejado, aunque ve algunas mejoras.

Aguayo entiende que las discrepancias de la Intervención son técnicas y que en sus alegaciones Empleo siguió defendiendo la fórmula de la transferencia de financiación. En su opinión, ni una ni otra serían las adecuadas, sino una tercera híbrida de las dos, la encomienda de gestión. En la actualidad la Consejería de Empleo está a punto de cambiar el procedimiento, probablemente inclinándose por esta última figura. Para Aguayo, ningún procedimiento abre la puerta a las irregularidades detectadas en los ERE más que otro. «Cualquier proceso es vulnerable y si alguien lo quiere vulnerar encuentra el resquicio», afirmó.