Pasividad de Caracas

El procesamiento por parte del juez Eloy Velasco de siete miembros de ETA por la presunta comisión de delitos de pertenencia a organización terrorista, y tenencia de explosivos en su colaboración, también delictiva, con las FARC confirma que la Audiencia Nacional cuenta con suficientes argumentos probatorios como para llevar a juicio los vínculos entre la trama etarra y el terrorismo guerrillero colombiano, identificando a los partícipes y describiendo su actividad conjunta. El hecho de que dos de los encausados, sobre los que pende una orden internacional de detención, residan actualmente en Venezuela compromete a las autoridades de Caracas, que no pueden eludir por más tiempo la parte de responsabilidad que les atañe al evidenciarse que la colaboración entre ETA y las FARC se desarrolló en o a través de su territorio y con algún tipo de cobertura o permisividad por su parte. La desdeñosa pasividad con la que el régimen de Chávez elude el problema resulta inadmisible para España. La afrenta sería total si, además de su negativa a clarificar lo sucedido procediendo contra los encausados por pertenecer a ETA, Chávez continúa ofreciendo el territorio venezolano como refugio para integrantes de la banda terrorista.