Interés común

El pulso que venían manteniendo los fabricantes y los concesionarios del sector de la automoción ha hallado en la enmienda introducida en la tramitación parlamentaria de la ley de Economía Sostenible una solución tan favorable a los intereses de los segundos que probablemente no sea tal. La producción de vehículos requiere de una extensa red de exposición y venta. Las empresas concesionarias ofrecen un cauce de distribución que difícilmente podría integrarse en la estructura de costes de cada marca con niveles análogos de eficiencia. Los fabricantes no pueden cargar sobre los concesionarios los riesgos que entraña el stock resultante de las contracciones en el mercado. Pero las empresas tampoco pueden eludir la responsabilidad que les corresponde en la financiación de su propia actividad. Unos y otros han de preservar su interés común, y el legislador hallar el punto de equilibrio que precisarían las normas contractuales entre fabricantes y concesionarios, aunque la improvisada enmienda a la ley de Economía Sostenible tenga que ser a su vez enmendada aprovechando cualquier otra iniciativa legislativa, con la pérdida de tiempo y oportunidades que ello supone.