El Gobierno busca la fórmula para revertir la nueva norma que regula los concesionarios

La Ley de Economía Sostenible, y en concreto una enmienda a la norma que cambia la relación entre fabricantes de coches y concesionarios, ha despertado la guerra en el sector de la automoción. Tanto, que el propio ministro de Industria, Turismo y Comercio ha tenido que convocar de urgencia a todos los interesados, comunidades autónomas incluidas, para tratar de reconducir la situación.

Sebastián aseguró ayer que «la enmienda es mala para todos». «Al final, los fabricantes buscarán sus propios canales de distribución al margen de los concesionarios», afirmó. A su juicio, y en contra de lo que asegura la patronal de los concesionarios (Faconauto), el nuevo escenario podría conducir a un encarecimiento de los coches.

El ministro tratará de «reconducir» una situación que ha sorprendido a propios y extraños después de que los grupos nacionalistas en las cortes impulsaran la enmienda y esta recibiera el sí de todo el Parlamento a excepción del PSOE. Sebastián no dudó en tachar de «irresponsable» la actitud de Convergencia i Unió y Partido Popular, cuyo apoyo a la norma ha levantado ampollas en la patronal de los fabricantes de coches (Anfac).

Las marcas han amenazado con desinvertir en España, donde el Ejecutivo se ha empleado en los últimos años en garantizarles una seguridad jurídica que ahora queda en entredicho. El argumento de Faconauto (desmentido también por Anafc) es que los coches se abaratarán en unos 400 o 500 euros al no tener los concesionarios que financiar su enorme 'stock'.