Conde-Pumpido ordena a sus fiscales que investiguen cada denuncia

La Fiscalía General del Estado ha remitido una circular a sus órganos territoriales para que investiguen todas las denuncias sobre supuestos casos de bebés robados que lleguen a sus manos. El departamento que dirige Cándido Conde-Pumpido ha ordenado a los 17 fiscales superiores de las comunidades autónomas y a los 50 fiscales provinciales que abran diligencias «de oficio» para conocer si los hechos denunciados tienen relevancia penal, según confirmaron fuentes judiciales.

Esta decisión acordada por Conde-Pumpido llega meses después de que la Fiscalía de Cádiz y su responsable en la zona del Campo de Gibraltar dieran esos primeros pasos con la apertura de unas investigaciones que han sido pioneras en el país. Además, desde octubre la Policía Judicial de Algeciras está recabando indicios y a finales de enero, sus homólogos en la Comisaría de Cádiz recibieron las primeras denuncias remitidas desde el Ministerio Público para que indague en aquellos casos que no se encuadran dentro de las diligencias que se tramitan en el Campo de Gibraltar por razones territoriales. Es decir, todos aquellos testimonios que hablan de centros hospitalarios de la capital, en su mayoría.

Tras Cádiz, otras fiscalías que se han anticipado a las directrices de su superior han sido las de Málaga, Sevilla, Granada o Valencia. Si bien tras llegar la orden la semana pasada, se han admitido en cascada nuevas demandas en distintos puntos del país desde . A día de hoy, 14 fiscales provinciales ya investigan más de 70 denuncias. La provincia gaditana es la que atesora un mayor número de posibles afectados (30) que han puesto su caso en manos del fiscal. Unas familias que sostienen que pudieron ser víctimas de una red organizada que actuaba en hospitales públicos y privados entre los años 50 y 90. Los bebés, hoy adultos, que buscan fueron dados oficialmente muertos a las pocas horas de nacer, pero sus familias muestran como pruebas informes médicos contradictorios e incluso testimonios de personal sanitario que reconoce que se sustraían a los neonatos para entregarlos a otros familias que pagaban por ello.

La teoría de la trama nacional no la comparte el propio fiscal general del Estado, quien entiende que los supuestos robos no obedecieron a un plan sistemático a nivel nacional, sino que pudieron ser fruto de redes autónomas que actuaron en diferentes puntos. Este fue el argumento que utilizó para rechazar la denuncia colectiva que presentó a finales de enero la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) ante su propio departamento y que recogía 261 casos documentados.

Eso sí, la Fiscalía General requerirá a los órganos territoriales toda la información sobre las diligencias que vayan abriendo para «unificar criterios» sin que por ello afecte a la «autonomía».