Condenan a unos padres de Chiclana por no llevar a su hijo al colegio durante diez años

Unos padres de Chiclana han sido condenados por no llevar a su hijo al colegio de forma regular durante diez años. Los hechos se remontan al curso académico 2000/2001, cuando las autoridades locales iniciaron un expediente por absentismo a la familia.

El caso ha seguido desde entonces el procedimiento reglado por la delegación de Asuntos Sociales en este tipo de situaciones tipificadas como graves, hasta llegar a la Fiscalía del Menor de Cádiz, y a la condena dictada hace unas semanas por el juzgado de lo penal de la capital gaditana.

El magistrado ha considerado que los hechos juzgados eran constitutivos de un delito de abandono de familia, y ha impuesto una condena a los progenitores de tres meses de prisión, además de la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante ese tiempo, y del pago de la mitad de las costas.

El juez pone de manifiesto que los acusados «omitieron voluntariamente los deberes esenciales inherentes a la patria potestad, especialmente el de cuidado, educación u formación de su hijo», ya que el menor faltó de manera injustificadas en numerosas ocasiones al colegio desde el curso 2003-2004 hasta el 2007-2008.

Este nuevo caso de condena a unos padres en Chiclana supone la novena sentencia similar que se produce en los últimos meses, en un municipio donde el programa de lucha contra el absentismo es «modélico». Así lo define al menos el delegado de Educación, Joaquín Páez Landa, que recuerda la importancia de que este tipo de condenas «se conozcan para evitar que estas situaciones se repitan».

Chiclana cuenta con un equipo específico en la materia, que está conformado por técnicos de Educación, agentes especializados de la Policía Local, y personal de Servicios Sociales.

La colaboración con la Fiscalía del Menor de Cádiz es estrecha. En los últimos meses han ido sucediéndose las sentencias, pero éstas tienen un importante trabajo detrás.

De hecho, en este último caso conocido, del que no ha trascendido ni siquiera el centro educativo donde el menor estuvo matriculado para salvaguardar el derecho a su intimidad, «pone de manifiesto que los expedientes se culminan» según los expertos en menores.

Incluso, como agravante destaca que el pasado curso, el área municipal de Educación ofreció a esta familia la posibilidad «de la inserción educativa del menor a través del Programa de Adaptación Curricular por Necesidad Socio-educativa», y estableció un plan de intervención por parte del educador de dicho programa.

Sin embargo, el padre del alumno no cumplió con los compromisos que conllevan este proyecto, por lo que finalmente su hijo fue excluido del mismo.