La Policía intenta lavar su imagen

La Policía egipcia, responsable de la brutal represión de las manifestaciones que han causado 300 muertos, pero que han acabado por derrocar a Hosni Mubarak, protagonizó ayer una imagen insólita. Cientos de agentes se unieron a las protestas para reclamar una subida de sueldos, pero también para denunciar abusos de sus superiores y pedir la cabeza del exministro del Interior, Habib al-Adly, al que acusan de ordenar replegar a los manifestantes mediante la violencia.

En El Cairo, frente a la comisaría del barrio de Dokki, algunos agentes eran llevados a hombros mientras gritaban: «¡La Policía y el pueblo son uno!», una modificación de la consigna que se ha coreado en Egipto en las últimas tres semanas para aplaudir la actuación del Ejército. Un millar de agentes marcharon desde allí hacia Tahrir, donde no fueron muy bien recibidos por los manifestantes que quedaban en la plaza. Otro grupo de efectivos se apostó a la entrada de la calle donde se encuentra el Ministerio del Interior, mientras que protestas similares tenían lugar en ciudades como Ismailiya, a orillas del canal de Suez.

La reputación de la Policía siempre ha sido, por lo general, pésima en Egipto. La corrupción del cuerpo es rampante, desde los agentes rasos que piden pequeñas 'mordidas' para hacer la vista gorda con infracciones de tráfico hasta los altos cargos, muchos de ellos enriquecidos a costa del pueblo. Su brutalidad también es legendaria, amparada, al menos hasta ahora, en la más absoluta impunidad, con algunas pocas excepciones que han servido de cabeza de turco. La situación, sin embargo, ha dado un giro, y los egipcios no parecen ya dispuestos a tolerar abusos, como se demostró el pasado día 9 en el oasis de Al-Jarga, cuando decenas de ciudadanos quisieron linchar a varios agentes después de que éstos insultaran a un vecino.

Pero la realidad también muestra a un cuerpo de policía sobredimensionado (se calcula que Egipto cuenta con un millón y medio de miembros), donde la mayor parte cobra salarios miserables que les obliga a pluriemplearse. Uno de estos agentes aseguraba ayer a la televisión estatal que, pese a llevar trece años en el cuerpo, cobra 870 libras al mes, unos 110 euros. «Llevo siete años en la policía, cobro 664 libras al mes (unos 83 euros) y tengo dos hijos. ¿Cómo puedo mantenerlos?», se quejaba Mohamed Ramadan, otro manifestante.

Obligados a abrir fuego

Sus demandas no eran solo económicas. Ayer en Ismailiya, los policías se quejaban de que sus superiores les habían obligado a abrir fuego contra los opositores al régimen. Es difícil saber si buscaban excusas para limpiar su reputación, pero también es cierto que hay casos documentados de agentes a los que se les abren juicios militares por faltas administrativas, o que son utilizados por sus superiores como sirvientes.

El primer ministro, Ahmed Shafiq, aseguró ayer que la principal prioridad del Gobierno ahora mismo es restablecer la seguridad, un mensaje que muchos interpretaron como un desprecio a las demandas de los manifestantes, pero que refleja el caos que existe actualmente entre los cuerpos de vigilancia y control.

El pasado 28 de enero, cuando las protestas ganaron fuerza y el Ejército fue desplegado en las calles del país, la policía desapareció misteriosamente. El régimen ordenó la apertura de las cárceles para sembrar el caos y varios agentes que trabajaban en las prisiones murieron a manos de los propios reos, como ocurrió en El-Fayum. Otros muchos se escondieron y aún no han regresado, como reconoció recientemente el propio primer ministro. «No tengo suficiente policía. Cuando se desplegó el Ejército muchos de los antidisturbios retornaron a sus pueblos y no sabemos cómo hacerles volver».