El chivatazo a ETA destapa una guerra interna en la Policía

Guerra abierta en los servicios antiterroristas de la Policía Nacional a cuenta del chivatazo al aparato de extorsión de ETA. El que en teoría fue el hombre de confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba en la lucha contra ETA, el ex comisario general de Información Telesforo Rubio, dio ayer el golpe de efecto en la Audiencia Nacional al avalar ante el juez Pablo Ruz la investigación del Carlos Germán, el jefe policial que apunta a la responsabilidad directa del Ministerio del Interior en el soplo del bar Faisán, el 4 de mayo de 2006.

La declaración de Rubio, actualmente destinado como agregado en la embajada española de Moscú, y que fue nombrado máximo responsable de la lucha antiterrorista con la llegada del PSOE al Gobierno, fue una sorpresa. El comisario, que fue interrogado en la condición de testigo, no tuvo problema en desmentir la versión oficial, la del ex comisario jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la Policía, José Cabanillas, quien el martes en la Audiencia Nacional intentó cargar toda la responsabilidad del chivatazo al propio Germán, intentando así desvincular a la cúpula de la Policía y del Ministerio del Interior de la delación a los terroristas.

Telesforo Rubio aseguró tajante en la Audiencia Nacional que Carlos Germán nunca le pidió destruir la prueba de cargo de que se había producido un soplo interesado a ETA: la grabación en la que el supuesto jefe del aparato de recaudación de ETA, Joseba Elosúa, el dueño del Faisán, le confesaba a su cuñado que un agente le acaba de alertar de la inminente operación contra los etarras encargados del 'impuesto revolucionario'.

El ex comisario general de Información desacredita así al propio Cabanillas y al resto de la actual cúpula antiterrorista en el País Vasco y Madrid, cuyos miembros pusieron desde un principio en solfa el trabajo de Germán, hasta el punto de apuntar que fue él mismo el que, por cuenta propia, decidió sabotear la redada contra el 'aparato de extorsión' de ETA para no perjudicar el proceso de negociación abierto entonces con la banda terrorista, ya que esta operación «conllevaba riesgos políticos», sobre todo porque estaba implicado un destacado miembro del PNV, Gorka Aguirre.

Telesforo Rubio, pese a ser por entonces el máximo responsable policial de la lucha antiterrorista, aseguró en varias ocasiones durante el interrogatorio no recordar los pormenores de este caso, a pesar de que su tardanza en informar al entonces juez instructor del chivatazo, Fernando Grande-Marlaska, le costó un severo rapapolvo por parte del juez, que terminó por hacerse público, y su apartamiento de la investigación. Sea como fuere, el comisario explicó que jamás habría autorizado la destrucción de una prueba, porque hubiera supuesto la comisión de un delito.

Enmarañado

El interrogatorio del actual agregado en Moscú, según explicaron fuentes de la investigación, lejos de arrojar luz sobre la responsabilidad del soplo, ha enmarañado aún más el caso. Su declaración se enmarca en el esfuerzo del juez Pablo Ruz por volver a instruir, casi desde el inicio, el sumario sobre la delación a ETA, después de que la comisión rogatoria remitida por la juez antiterrorista Laurence Levert desvelara que, siempre según la versión de la banda, en los contactos entre el Gobierno y la organización criminal en la pasada tregua, de marzo 2006 a junio de 2007, los enviados del Ejecutivo esgrimieron el chivatazo como muestra de la buena voluntad de Interior en este proceso.

Ruz, que mantiene en secreto todo lo referido a las negociaciones, ha interrogado durante los últimos diez días en la más estricta confidencialidad a buena parte de la cúpula antiterrorista de aquella época. Entre ellos, han pasado por su despacho el que fuera director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida; los entonces directores de apoyo operativo de ambos cuerpos, el comisario Miguel Ángel Fernández Chico -aún lo es- y el general José Manuel García Varela -ya en excedencia-; y el jefe de los servicios de Información de la Guardia Civil, el general Martín Alonso. El juez también interrogó al presidente del Partido Socialista de Euskadi (PSE), Jesús Eguiguren, que tuvo un papel destacado de las negociaciones del proceso de paz y cuyo nombre aparece en varias de las conversaciones entre las personas detenidas por la 'operación Faisán'.