El empleo parcial restará 314 millones de ingresos a la Seguridad Social

El Gobierno estima que su apuesta por los puestos de trabajo a tiempo parcial como vía para promover el empleo estable se puede saldar, al cabo de un año, con 100.000 trabajadores más. Las empresas que lleven a cabo estas contrataciones gozarán de unas bonificaciones en las cotizaciones sociales que restarán a las arcas de la Seguridad Social unos 314 millones -alrededor de 262 euros al mes por cada empleado- si bien esta pérdida de ingresos se verá compensada en parte por el menor gasto en subvenciones a los parados. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, defendió esta medida en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros con el argumento de que «hay que ser atrevidos» para convencer a los empresarios de que anticipen las contrataciones.

Este 'programa excepcional' de empleo tendrá una duración de 12 meses y favorecerá la contratación de jóvenes de hasta 30 años y personas en desempleo de larga duración que desarrollen jornadas entre el 50% y el 75% del total, con una reducción del 100% de las cotizaciones en las empresas de menos de 250 trabajadores y del 75% en las que mantienen plantillas de mayor tamaño. En los contratos temporales se exigirá una duración mínima de seis meses.

Pero el Ejecutivo quiere evitar que las empresas utilicen las nuevas ventajas para 'rotar' los trabajadores. Por eso, además de no haber reducido plantilla en los últimos seis meses, otra condición esencial para acogerse a este plan es, como mínimo, el mantenimiento del empleo neto una vez obtenida la bonificación. Además, aquellas empresas que conviertan uno de estos contratos a tiempo parcial de carácter temporal en indefinido podrán beneficiarse de las bonificaciones correspondientes a este proceso, en aplicación de lo pactado en la reforma laboral. La dotación se mueve en una horquilla entre los 700 y 1.500 euros por año y trabajador, para un periodo que puede prolongarse entre 3 y 4 ejercicios.

Salida laboral

Gómez explicó que el Gobierno pretende potenciar los puestos de trabajo a tiempo parcial porque los considera una salida laboral de interés en determinadas circunstancias -cuando los dos miembros de una pareja trabajan y tienen hijos menores, o durante la época en que se intenta conciliar trabajo y estudios- y porque la proporción de este tipo de jornada laboral es en España muy inferior a la de otros países de nuestro entorno, apenas un 12%.

Sacar fondos para las políticas de fomento del empleo y la cobertura de los desempleados se ha convertido en toda una proeza. La otra pieza clave del 'paquete' que ayer aprobó el Consejo de Ministros, la ayuda a los jóvenes y parados que han agotado la cobertura, que va a estar ligada a partir de ahora a la participación en planes de reinserción, tendrá financiación mixta. Las comunidades autónomas, que desconfiaron del proyecto por temor a que corriera a cargo de sus cuentas, pueden respirar tranquilas.

Según explicó el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, los 400 millones de euros de coste estimado para este programa, del que se beneficiarán unos 80.000 desempleados a razón de 400 euros de ayuda al mes por un plazo máximo de medio año, se obtendrán, a partes iguales, de la aportación del Ministerio de Trabajo y de contribuciones del resto de los departamentos.

Con todo, el Ministerio apunta que los potenciales beneficiarios ascienden a 192.000 porque unos 32.000 desempleados agotan la prestación cada mes.

A diferencia del Prodi -más conocido como el programa de los 426 euros, al que sustituye-, esta nueva ayuda está concebida como un acompañamiento económico a acciones de formación y no tanto como una prestación. Los beneficiarios estarán obligados a realizar un itinerario personalizado de reinserción laboral.

El Prodi concluye el 14 de febrero, y la nueva ayuda la podrán solicitar quienes agoten las prestaciones a partir del día 16 de este mismo mes, siempre que carezcan de rentas que superen el 75% del salario mínimo interprofesional (641,4 euros mensuales este año). Aunque el nuevo plan tiene una vigencia de seis meses, hasta el 15 de agosto de 2011, las peticiones se podrán cursar hasta el 15 de octubre.