Zapatero avisa al PP de que solo el Supremo decidirá si Sortu es legal

José Luis Rodríguez Zapatero no prejuzga si Sortu es o no Batasuna porque esa decisión corresponde al Tribunal Supremo. El presidente del Gobierno defendió ayer que si la llamada izquierda 'abertzale' ha dado o no un «paso importante» con la creación de este partido y la redacción de unos estatutos en los que rechaza expresamente la violencia de ETA es algo que habrá que ver «con el tiempo». Una postura en las antípodas de la que defiende el PP, que da por hecha la ilegalidad de la nueva formación y exige al Ejecutivo que, sin esperar a que se pronuncie la Justicia, que impida su participación en las elecciones del 22 de mayo.

A pesar de que el vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dio por hecho que la Fiscalía y la Abogacía del Estado reclamarán a la Sala Especial del Tribunal Supremo que impida la legalización de Sortu y, por tanto, su participación en los comicios, Zapatero alegó en su primera valoración pública sobre el nuevo partido que es obligación de todos evitar «pronunciamientos sobre el fondo» de las aspiraciones o intenciones políticas de esa formación que solicitó este miércoles su inscripción en el registro del Ministerio del Interior.

«Confiemos en el Supremo y contribuyamos a que ese debate sea lo más objetivo posible dentro del Estado de Derecho», dijo durante una rueda de prensa tras entrevistarse en el palacio de la Moncloa con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. En un claro mensaje al PP, remarcó que es preciso que la Justicia pueda actuar con independencia.

Y es que la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, había lanzado unas horas antes la amenaza más seria al Gobierno desde que Sortu se presentó en sociedad. Si esa formación se presenta a las elecciones «nos vamos a enfadar y vamos a romper» la unidad antiterrorista, advirtió la dirigente opositora. Mato señaló que su partido «no va a tolerar» que ese partido se incorpore a la vida política como una organización legal porque sería permitir que «ETA avance». Insistió en que «sería intolerable que el Gobierno permita a los terroristas que se presenten a las elecciones a través de unas siglas» de nuevo cuño. El Ejecutivo, añadió, no va a ser «tan incauto, tan ingenuo o tan traidor como para permitir que eso (la presencia en las elecciones) pase». Pero si ocurre, «vamos a romper» el consenso contra ETA, reiteró.

La vicesecretaria de Organización del PP consideró además que son «deplorables e intolerables» las palabras del lehendakari Patxi López y del presidente del PSE, Jesús Eguiguren, en el sentido de que sería un paso positivo que Sortu fuera admitido en el registro de partidos de Interior. Es «una vergüenza», dijo en Telemadrid, que el PSOE permita que dos de sus dirigentes hagan ese tipo de manifestaciones.

Trampas

El vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, no quiso ser tan rotundo sobre la posibilidad de una fractura del consenso antiterrorista y respondió con evasivas. Pero advirtió de que si se produce la «hecatombe» de que la izquierda 'abertzale' acuda a las elecciones será «responsabilidad» del Gobierno por no haber puesto a disposición del Supremo «todas las pruebas» en su poder que constatan que «Sortu es Batasuna». Es más, propuso no emplear el nombre del nuevo partido y seguir hablando de «la nueva Batasuna, porque lo contrario sería hacerse trampas al solitario».

El portavoz del PP aseveró que, por ahora, se «fían» del Ejecutivo en esta materia y que, por lo tanto, esperan que entregará los informes que necesita el alto tribunal para impedir la inscripción de la nueva formación en el registro de partidos del Ministerio del Interior, paso indispensable para que sus candidatos puedan ser elegibles.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado, una vez que estudien los estatutos de la formación, trasladarán, como establece la ley de partidos, a la Sala Especial o Sala del 61 del alto tribunal la última decisión sobre si el partido puede ser legal, aunque contra su decisión cabe recurso ante el Constitucional.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo también consideró que el Gobierno no puede dejar en manos del Supremo la legalización de Sortu. La presidenta de la organización, Ángeles Pedraza, explicó que el Gobierno, y en concreto el Ministerio del Interior, es el responsable de los informes policiales que deben probar que Sortu tiene vínculos con Batasuna y, por ende, con ETA. Así que, zanjó Pedraza, «que no pasen la pelota a los tribunales, que no nos mareen» porque el Gobierno tiene que dar una «respuesta contundente».