Dignificar al legislador

La revisión de las singularidades que acompañan al ejercicio de la representación parlamentaria en las Cortes Generales, promovida en una suerte de liza improvisada entre partidos para atender a la demanda ciudadana de unas instituciones austeras, aconsejaría un mayor sosiego, e incluso la definición normativa de un estatuto general que pudiera fijar las obligaciones y los derechos del responsable político, sea electo o por designación. La legitimación cotidiana de la democracia exige que las instituciones representativas funcionen de arreglo a criterios de eficacia y eficiencia en condiciones de limitados recursos. Pero también que la tarea parlamentaria sean no solo dignificadas por su cometido, sino que además resulten atractivas para la realización personal y profesional de cuantas personas estén dispuestas al ejercicio del servicio público. Es posible que los diputados y los senadores cuenten con determinadas ventajas, en cuanto a la posibilidad de compatibilizar el desempeño de su función institucional con tareas profesionales en la esfera privada o a la hora de acceder a la pensión máxima en mejores condiciones que el resto de los trabajadores. Pero la discusión sobre estas y otras situaciones, que pudieran considerarse como prebendas, en ningún caso debería conducir a un cuestionamiento demagógico del estatus del parlamentario, porque ello acabaría afectando al compromiso y a la solvencia del legislador. La democracia representativa necesita contar con electos preparados y con criterio que modulen la inercia partitocrática de las instituciones aportando rigor y capacidad para definir el interés común. Resulta imprescindible que el Congreso, el Senado y los legislativos autonómicos regulen el estatuto de sus miembros optimizando el trabajo parlamentario, propiciando un cuadro de compatibilidades acorde con la dedicación exigible a los electos, demandando de los partidos una actitud institucionalmente más responsable en la distribución de tareas en sus respectivos grupos, y en esa misma medida limitando aquello que pueda constituir un privilegio innecesario o injusto respecto a los demás ciudadanos.