Las dificultades para llegar a final de mes disparan los impagos de las hipotecas

El último dato del paro con 179.867 desempleados en la provincia pone de manifiesto las dificultades financieras por las que atraviesan las economías domésticas gaditanas. La voz de alarma la dio hace tres años Cáritas sobre la angustia que se vivía en los comedores sociales. El perfil de la persona que acudía a las instituciones benéficas había cambiado de rol con la irrupción de la crisis. Del mendigo tradicional se había pasado a familias que se habían quedado sin recursos para afrontar los pagos básicos. Estas mismas familias han aguantado hasta el último momento el pago del recibo de la hipoteca, pero las necesidades aprietan y se hace cada vez más cuesta arriba cumplir con el compromiso. Los últimos datos del Consejo General de Poder Judicial revelan que las ejecuciones hipotecarias han aumentado en el país entre 2009 y 2010, donde se han producido 240.000 expedientes de liquidación. La provincia de Cádiz no es ajena a este fenómeno y los juzgados pasaron de 668 ejecuciones en 2007 a 2.180 en 2009 y a 1.465 en 2010.

Sin embargo, la sentencia de la Audiencia de Navarra ha dejado abierta una puerta a quienes viven con el agua al cuello y están a punto de ahogarse por su hipoteca. La Audiencia ha permitido a un vecino entregar al banco su vivienda y saldar así la deuda contraída. Esta situación ha puesto en guardia a muchos gaditanos con un problema similar. Las organizaciones de consumidores se han convertido en entes canalizadores de esta inquietud. Así, el portavoz de Facua, David Cifredo, reconoce que la crisis ha disparado las consultas para refinanciar pagos. No obstante, esta organización reclama la reforma de la Ley Hipotecaria para que se permita a los clientes ventajas en caso de dificultad. Es la misma opinión que defiende la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. No obstante, unos y otros reconocen que el caso de Navarra es muy especial y no aplicable al común de los mortales que tienen problemas con la hipoteca.

Desde Facua-Cádiz se reclama un cambio en la legislación, con la finalidad de que se garantice que los usuarios salden su deuda con la entidad bancaria, exclusivamente, con la entrega de la vivienda. Para esta organización, con la regulación actual sólo se garantizan los intereses de la banca, «a pesar de la responsabilidad de ésta sobre la sobrevaloración de las viviendas hipotecadas que se encuentra en el origen de este problema, y que ahora provoca que el usuario, como consecuencia de la bajada en el precio de las viviendas y la falta de compradores, además de perder su casa, le siga debiendo dinero».

Respecto de la sentencia dictada por la audiencia provincial de Navarra, la asociación recuerda que, «será recurrida por la entidad financiera y que, en cualquier caso, el resto de usuarios que se encuentren en una situación parecida no se benefician de una extensión de sus efectos».

Cambio legislativo

El secretario general de esta organización en Cádiz, Jesús Yesa, señala que, «desde el inicio de la crisis, son habituales las consultas ante la imposibilidad de afrontar el pago». El dirigente de esta asociación señala que «en estos casos es recomendable no esperar al último momento, y que, en cuanto se prevea que no se va a poder pagar la hipoteca, intentar negociar con la entidad bancaria».

2010 pasará a la historia como el año en el que se ha producido un número récord de procesos judiciales para ejecución de inmuebles con garantía hipotecaria, más de 118.000, según datos de la compañía de refinanciación de deudas, Agencia Negociadora de Productos Bancarios. El director general de la Agencia, Luis Javaloyes, se refirió, al bloqueo financiero que han sufrido miles de familias por el deterioro de la situación económica y dijo que un 30% de los casos podría haberse evitado mediante fórmulas de refinanciación. En 2009, según datos del Consejero General del Poder Judicial (CGPJ), las ejecuciones hipotecarias ascendieron a 114.000 tras dispararse un 49% frente a 2008. Señaló que bancos y cajas terminaron por comprender que, en un entorno de morosidad creciente en el que las ejecuciones obligan a incorporar a sus balances decenas de inmuebles cada semana, «una refinanciación es siempre mejor y más rentable tanto para el cliente como para el banco».

Entre estas fórmulas citó la extinción de la responsabilidad hipotecaria por la «dación en pago», la posibilidad de subsidiación temporal de tipos de interés, o la promoción de los seguros de protección de pagos. Recordó que desde hace tres años este tipo de medidas se viene promoviendo y reclamando a través de la creación de la figura del mediador financiero».

Este mediador pasaría por el reconocimiento de la existencia de una labor de asesoramiento a través de una acreditación administrativa que habilite a las empresas de intermediación que reúnan una serie de requisitos operativos y de solvencia «para poder extender el empleo de fórmulas que evitar que una mala situación financiera familiar se convierta en crítica». Según datos del Observatorio de la Financiación Familiar de la Agencia Negociadora, dos de cada tres familias dedican a pagos financieros más del 40% de sus ingresos y una de cada cinco ha retrasado el pago de su hipoteca al menos una vez en los últimos seis meses.