El sospechoso puede enfrentarse a ocho años de internamiento

Rubén, el presunto asesino de María Esther, podría ser condenado en caso de ser encontrado culpable a una pena de ocho años de internamiento en un centro en régimen cerrado y otros tantos de libertad vigilada. Es la pena máxima que prevé la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores para los delitos de extrema gravedad, como el asesinato, y para los jóvenes en la banda de edad entre los 17 y los 18 años. Sin embargo, mientras se instruye la causa judicial, la Fiscalía de Menores, una vez que haya examinado las pruebas y tomado declaración a Rubén, podría proponer como medida cautelar su ingreso en un centro cerrado hasta el enjuiciamiento de su caso. Este internamiento cautelar no puede prolongarse por más de seis meses.

La Ley del Menor sitúa en los 14 años la edad a partir de la cual es exigible responsabilidad penal y deja fuera los que están por debajo,aunque algunos sectores considera que debe rebajarse hasta los 12 años. La normativa diferencia las medidas (las penas) que se deben de aplicar en función de las edades que se dividen en dos bandas: 14-15 años y 16-18 años. Con la reforma que entró en vigor en 2006, se intentaron subsanar también situaciones anómalas o injustas, permitiendo a las víctimas de los delitos cometidos por los menores o sus familias ejercer la acusación particular o popular.

Desde el caso de Sandra Palo -la discapacitada madrileña que fue violada, atropellada y quemada por cuatro jóvenes en 2003-, la polémica ha rodeado a la Ley del Menor cada vez que se producía un nuevo crímen. Se critica lo que se considera una «blanda» respuesta penal para los menores que han cometido hechos de extrema gravedad, es decir, que el castigo no es proporcional al delito cometido. Además, se cuestiona que los menores de catorce años estén excluidos de la ley y queden sujetos únicamente a medidas educatorias. La normativa, aprobada en 2000 fue reformada en 2006, pero los cambios introducidos entonces no parecen suficentes en algunos sector. El debate pues vuelve abrirse ante un nuevo episodio de violencia protagonizado por un menor de edad como el presuntamente cometido en Arriate.