Uno de los teléfonos del chivatazo a ETA es de la mano derecha de Rubalcaba en Interior

El juez Pablo Ruz cierra el cerco en torno al Ministerio del Interior a cuenta de la investigación sobre el chivatazo policial al aparato de extorsión de ETA el 4 de mayo de 2006. Y apunta directamente a la mano derecha de Alfredo Pérez Rubalcaba, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. El magistrado ha ordenado a Interior que revele quiénes usaban los dos móviles y el fijo, todos registrados a nombre de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, a los que llamaron en 17 ocasiones los dos principales imputados del caso, el exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior en Euskadi, Enrique Pamiés. Ese tráfico de llamadas tuvo lugar antes, durante y después del soplo a los terroristas. Y uno de los móviles es de Camacho.

Una semana después de 'resucitar' el sumario, Ruz acepta practicar buena parte de las pruebas pedidas por las acusaciones, entre ellas la que pedía la asociación Dignidad y Justicia, la identificación de los usuarios de los números 62940XXXX y 68674XXXX y el fijo 91537XXXX, todos dados de alta en las oficinas de Interior en la calle Amador de los Ríos número 7 de Madrid.

El juez «considera pertinente, necesario, útil y posible para los fines de la presente identificación» que el Ministerio revele quién usó esos teléfonos entre «el periodo al menos comprendido entre el 1 de mayo y el 16 de septiembre de 2006», esto es desde tres días antes del chivatazo hasta cinco meses después, cuando los imputados intercambiaron llamadas con supuestos responsables de Interior al saber que Baltasar Garzón había abierto una investigación sobre el soplo. Ruz ya avisa que en cuanto la Policía identifique a esos usuarios serán «citados» para que declaren como testigos.

Secretario de Seguridad

El móvil 68674XXXX es usado habitualmente por Antonio Camacho. El exdirector llamó a ese número dos veces horas antes del chivatazo, otras dos el día del soplo y cinco en septiembre de 2006, cuando comenzó la investigación. Responsables de Interior consultados sobre la aparición del número de Camacho en la investigación prefirieron guardar silencio. El fijo corresponde a una centralita del Ministerio.

La incógnita de los tres teléfonos no se queda ahí. El instructor también pide explicaciones a la Policía sobre por qué esos números fueron obviados en la investigación y sólo han salido a la luz por la denuncia de las acusaciones particulares. Ruz exige a Interior que elabore un «informe ampliatorio» con los «motivos por los que fue descartada su inclusión».

Según el auto, la reactivación de la investigación también llevará aparejada el interrogatorio de varios funcionarios y mandos policiales. El primero será el comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia. Este jefe redactó un informe en el que aseguró que el mando del operativo, Carlos G., se mostraba «reticente» a practicar las detenciones de los supuestos miembros del aparato de extorsión porque la redada comportaría «riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA», puesto que entre los investigados estaba Gorka Aguirre, dirigente del PNV ya fallecido.

El próximo martes declarará el jefe del Grupo VIII de la Brigada de San Sebastián, después de que dos de sus subordinados aseguraran que sabía qué datos se transmitieron a Joseba Elosúa, dueño del bar Faisán de Irún, la oficina de cobro de ETA, y la persona que recibió el soplo.

La otra acusación popular, Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), ha conseguido que se acepte una de las diligencias que con más insistencia habían reclamado, el interrogatorio, también el 8 de febrero, del jefe provincial de San Sebastián, Fernando Amo, quien supuestamente había dado luz verde al despliegue de unidades para desatar la redada que luego se frustró. Ese día, declararán asimismo el inspector jefe de la Sección Operativa de la Brigada Provincial de San Sebastián, la jefa de la Sección de Análisis y un periodista que habló con un mando cuando los teléfonos estaban pinchados. Ruz asegura que hay «contradicciones» en sus testimonios.

Extraño viaje

No termina ahí el aluvión de diligencias. A petición de Dignidad y Justicia, el juez ordena a Asuntos Internos que revele si hay algún informe sobre los agentes involucrados en la investigación del Faisán y, a solicitud de la AVT, que Interior desvele si el inspector de la Brigada de Información de Álava, el tercer imputado en la causa, tenía órdenes de ir a Irún el día del chivatazo. Una de las líneas de investigación es que este policía recibió órdenes de sus superiores para dar el soplo a Elosúa.