Detenido por realizar contratos fraudulentos para cobrar el paro

«Claudio, me faltan dos mesecitos para poder cobrar el paro, ¿tú me puedes echar un cable?». Con frases como esta, boca a boca y contacto a contacto, Claudio G. R, un gaditano de 62 años dueño de la asesoría fiscal Deasfilab (de El Puerto), se habría hecho una lista de personas a las que supuestamente 'ayudaba' a cotizar en el Instituto Nacional de la Seguridad Social el tiempo que les faltaba para recibir el seguro de desempleo.

Así se lo achaca la Policía Nacional, que ha detenido al empresario por un supuesto delito de estafa y otro de falsedad documental, por el que está en libertad con cargos.

El chanchullo que se el imputa era de sencilla factura, pero difícil de detectar: la asesoría contrataba a personas presuntamente en alguna de las empresas que gestionaba y de la que tenía poderes. Y eran los beneficiados quienes supuestamente pagaban la cotización al INSS -alrededor de unos 400 o 500 euros-. A los pocos meses estos trabajadores eran despedidos y empezaban a cobrar el paro. Ni siquiera las empresas afectadas tenían por qué enterarse de que los habían contratado.

Sin embargo, un error hizo que el pufo se descubriera a finales del pasado año, cuando uno de estos negocios -dedicado a la hostelería en El Puerto- recibió una notificación de embargo de la Seguridad Social por no pagar la cotización de uno de estos empleados, que nunca había trabajado tras la barra del bar. La cantidad que había entregado el trabajador a la asesoría no se había depositado a tiempo y el engaño saltó por los aires.

Un caso bajo investigación

La Unidad de Delitos Especiales y Violentos de la comisaría de El Puerto, que ha investigado la supuesta estafa, achaca a Claudio G. R. una media decena de estos contratos ficticios. Pero no se descarta que durante la investigación judicial, de la que se encarga el juez número 2 de El Puerto, aparezcan nuevos casos que quizá sí llegaron a cotizar en falso en el INSS.

En todo caso, la Policía no ha detenido a los 'trabajadores fantasma' que supuestamente se beneficiaron del seguro de desempleo gracias a este engaño. La mayoría eran empleados sin cualificación, que fueron contratados en empresas de hostelería, en las que abundan los contratos temporales de corta duración.

Claudio G. C. -que trasladó la sede de su asesoría de Cádiz a El Puerto- cuenta con una condena de diez meses de prisión en su contra por un delito de intrusismo, por hacerse pasar por graduado social y ejercer las funciones propias de esa profesión sin tener ningún diploma de relaciones laborales, ni estar colegiado. El juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz hizo firme la sentencia en noviembre de 2010, pero lo absolvió de un supuesto delito de estafa del que también le acusaba el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz.