Empresarios piden más celeridad en los juzgados para agilizar los pagos

El recelo se ha despertado entre los ayuntamientos de los municipios de la bahía gaditana. La nueva Ley Morosidad que obliga a los consistorios a acortar el plazo a 60 días para abonar las facturas a empresas y proveedores no llega en buen momento, sobre todo cuando las arcas municipales de algunas localidades se tambalean sobre una cuerda hace tiempo destensada. Desde la Confederación de Empresarios, los que se suponen los grandes beneficiarios de esta normativa, aplauden la iniciativa pero temen que no tenga un efecto real. El vicesecretario de la organización, Luis Ferrer, señala que el verdadero retraso a la hora de cobrar las facturas se produce en los juzgados. Lo explica de la siguiente manera: «Si el Ayuntamiento no paga al proveedor, a éste no le queda otra que llevarlos a los juzgados. Aunque el periodo para abonar la deuda se acorte, al estar los juzgados tan saturados no resolverán a favor del pequeño empresario pasado el año, lo que hace que estemos en las mismas circunstancias». Ante esto, desde la Confederación de empresario piden que se refuerce el personal de los juzgados, sobre todo en lo relacionado con los recursos administrativos, para que la Ley de Morosidad cumpla su cometido.

«Faltan créditos»

En el otro bando, el de los ayuntamientos, tampoco están muy convencidos en cuanto a la aplicación de la ley. Las palabras más críticas son las del primer teniente de alcalde y delegado de Hacienda de Cádiz, José Blas Fernández (PP) quien la califica como una «absoluto engaño porque detrás de ella hay una lacra económica». «La ley pretendía que a 31 de diciembre todos los ayuntamientos estuviesen al tanto de sus pagos para poder endeudarse de nuevo a partir del 1 de enero», algo que a juicio de Fernández, «ha servido para que los bancos se aprovechen en impongan nuevas condiciones en los préstamos con fecha posterior de 1 de enero de 2011». El delegado de Hacienda de Cádiz afirma que «el interés de los préstamos antes de su cancelación eran del 1,5% y ahora lo han subido al 4 o 5% lo que es una locura, y eso en el caso de que te concedan el crédito porque muchos bancos los están denegando». Además, José Blas Fernández pone el acento sobre un apartado de la ley que se ha derogado. La Ley de Morosidad incluía la creación de una línea de crédito a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el objetivo de ayudar a los ayuntamientos a pagar sus deudas pero Fernández advierte de que este apartado «ha quedado suprimido con la nueva Ley de Presupuestos lo que ha creado inseguridad jurídica».

Más instrumentos de gestión

Desde San Fernando, el alcalde de la ciudad, Manuel María de Bernardo (PA), avisa de que «a la ley le faltan instrumentos de gestión que facilite su aplicación». Para el primer edil isleño el principal problema es que los bancos «no le dan credibilidad a los ayuntamientos». «Un proveedor va a una entidad bancaria para pedir un préstamo con una papel del Consistorio como aval de pago y se ríen». Para De Bernardo uno de los principales escollos con los que se encuentra un Ayuntamiento es el retraso a la hora de cobrar subvenciones o acuerdos económicos firmados por convenio y que les hace «tirar de su propia tesorería a la hora de pagar a los proveedores lo que a su vez retrasa el pago en otros servicios». Es por esto por lo que el alcalde ve necesario que sea el propio Estado o la Junta de Andalucía quien firme ese aval de pago ante los bancos.

Para la concejala de El Puerto de Santa María, Leocadia Benavente (PP), el problema no está en los préstamos ni en los instrumentos necesarios sino en la «dificultad» que tienen «a la hora de poder aplicar la ley». Benavente afirma que los técnicos municipales «han advertido numerosas incorrecciones y deficiencias». Como ejemplo indica que «no saben si el pago se hace solo a pequeñas empresas o si también se debe abonar en un plazo de 60 días las facturas a las sociedades mercantiles». Además, afirman que no es necesario una ley de morosidad sino una ley de financiación de ayuntamientos que contribuyan de una «forma real y efectiva a reducir el pago».

Para el alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso (IU), la Ley de Morosidad «se incumple diariamente» y no sólo por parte de las instituciones municipales, «el primero en faltar es el Estado», por lo que «es imposible llevarla a cabo desde los ayuntamiento cuya situación económica es más precaria».

Distinta mirada es la que tienen en el municipio de Chiclana. La delegada de Hacienda, Manuela Moreno (PSOE), valoran de forma positiva la entrada en vigor de la normativa «aunque aún es muy pronto para saber la repercusión que va a tener». Moreno afirma que en Chiclana están «tranquilos porque tenemos las cuentas al día y el presupuesto para 2011 aprobado», algo que «ayuda a poder pagar a nuestros proveedores». Aún así buscan otras fórmulas para seguir acortando el tiempo de espera «a través del tiempo que es necesario para reconocer la factura, así podremos pagar antes».