España expulsará a 13 de los 17 saharauis que pidieron asilo

La Audiencia Nacional autorizó ayer la expulsión de 13 saharauis que arribaron en patera a Fuerteventura el pasado 5 de enero. La Sala de lo Contencioso-Administrativo consideró que no existen indicios de que los inmigrantes sean exiliados políticos, y por tanto desestimó sus recursos. El lunes resolverá la situación de otros cuatro saharauis. Todos habían recurrido la decisión del Ministerio del Interior de denegarles la solicitud de asilo y la orden de que fuera devueltos de forma urgente al Sáhara.

La Policía, en consecuencia, no tiene ya ninguna traba para colocar en la frontera marroquí a los 13 saharauis, aunque es probable que esperen a que los jueces resuelvan los cuatro casos que queda pendientes para hacer un repatriación en bloque.

El tribunal esgrime que «no existen indicios que revelen que las autoridades marroquíes persigan de manera sistemática y generalizada a los saharauis por causa de su origen étnico». Los solicitantes de asilo habían alegado el «alto riesgo» de regresar a casa debido a que procedían del campamento de El Aaiún desmantelado por las fuerzas marroquíes el pasado 8 de noviembre, unos disturbios que provocaron la muerte de un ciudadano español.

A este respecto, el tribunal señala que ese campamento «no surgió como reivindicación política sino debido a las condiciones socioeconómicas del pueblo saharaui». Tampoco cree que haya razones «para pensar que, por haber pretendido llegar a España procedente del indicado campamento, las autoridades del país de origen» puedan atribuir a los solicitantes de asilo «una implicación política».

Debate

El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó el miércoles en el Congreso que proceder del Sáhara Occidental «no es condición suficiente» para ser asilado. El jefe del Ejecutivo respondía así al portavoz del PNV en la Cámara Baja, Josu Erkoreka, que recriminó al presidente haberse plegado a los intereses marroquíes, ya que en el Sáhara Occidental «se ha constatado objetivamente la represión política y la vulneración de los derechos fundamentales», dijo.

El recurso ante la Audiencia Nacional fue interpuesto por un particular a través de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, una vez que el Gobierno rechazó las peticiones de asilo de los 17 saharauis, miembros de un grupo de 22 personas llegadas en una lancha neumática a Fuerteventura.

Se da la circunstancia de que el Ministerio del Interior sí concedió las solicitudes de refugio de cinco de estos saharauis, ya que en sus casos si se había acreditado el riesgo que supondría regresar a El Aaiún tras los sucesos del campamento de protesta de Gdeym Izik. Entonces dieron por buenas las razones políticas para aceptar la petición de asilo.

Durante su comparecencia en el Congreso, Zapatero contestó que Interior había analizado de manera individual cada caso y que en 17 de ellos no se había podido acreditar la existencia de una persecución política y, mucho menos, de que los inmigrantes fueran saharauis.