«No me consta que presos políticos hayan desaparecido, pero sería comprensible»

Hace cuatro días que dejó el Gobierno de transición tunecino, que ayer sufrió otra nueva baja ya que el ministro de Exteriores decidió abandonar su puesto. Moncer Rouissi dedica ahora todo su tiempo a la Alta Comisión de Derechos Humanos y Derechos Fundamentales que dirige desde 2008, un organismo financiado con dinero público que, junto a la Cruz Roja Internacional, es el único que tiene autorización para visitar las cárceles del país magrebí. La declaración de los derechos humanos ocupa ahora el marco en el que hasta el pasado día 14 estaba la foto del exdictador Ben Alí. Rouissi era de uno de sus hombres de confianza, un alto funcionario del régimen que llegó a la política en 1987 como asesor personal del mandatario derrocado, dirigió su primera campaña electoral dos años más tarde y ocupó las carteras de Cultura, Trabajo y Asuntos Sociales, tema sobre el que acepta hablar. El nombre de este sociólogo, como el del resto de antiguos altos cargos de la Agrupación Constitucional Democrática (RCD, por sus siglas en francés), está en el punto de mira de una población que no perdona 23 años de represión.

-¿Cómo ha cambiado su vida desde la caída del régimen?

-Aún es pronto. Estamos en fase de transición y todo es bastante caótico, hay que dejar que pase el tiempo para hablar realmente de cambios. De momento, como ve, ya no tengo la foto del expresidente en mi despacho.

-Desde este organismo que preside se visitaban las cárceles. Los presos liberados denuncian torturas y malos tratos, ¿tenía usted constancia de ello?

-La mayor parte de las quejas que recibíamos eran del período anterior al ingreso en prisión. La policía tiene un máximo de seis días para interrogar a los detenidos, pero se falseaban las fechas y pasaban mucho más tiempo en dependencias policiales donde se podían producir malos tratos. El problema de verdad en las cárceles de la era de Ben Ali es que estaban superpobladas. En los treinta centros llegamos a tener 23.000 reclusos. Desde el interior de las prisiones, sin embargo, no había muchas denuncias de tortura.

Sumisión de la Justicia

-¿Hay casos de presos políticos desaparecidos como ha ocurrido en otras dictaduras?

-No me consta ninguna denuncia de desaparición hasta el momento, pero sería comprensible teniendo en cuenta el tipo de régimen.

-¿Qué tipo de control ejercía la RCD sobre la Justicia?

-La Justicia, como el resto de instituciones, era sumisa al partido del Gobierno y adoptaba las decisiones en función a sus intereses. El poder ejecutivo controlaba las decisiones de la Justicia, no había separación de poderes.

-Miles de presos políticos y de conciencia sufren las consecuencias de la controvertida legislación antiterrorista de 2003, ¿habrá finalmente amnistía para ellos?

-Esa debe ser la prioridad del Ministerio de Justicia; hay que revisar la ley antiterrorista porque resulta demasiado amplia. Lo primero es empezar por la propia definición de terrorismo. No es justo que miles de personas que ya han pasado por la cárcel y por tanto han pagado por sus delitos vivan privadas de pasaporte o tengan que seguir acudiendo a la comisaría cada día.

-El ministro de Justicia aseguró que 11.000 presos se habían fugado tras la revolución y que los liberados son ya 2.500.

-Ha habido problemas serios de seguridad en al menos cuatro centros. Habrá que investigar si se fugaron o si les dejaron marchar. Respecto a las liberaciones, es asunto de la Justicia.

-¿Cómo calificaría la situación de los derechos humanos durante la dictadura?

-Lo más grave es que no existían la libertad de expresión y la de trabajar libremente en política. Respecto a los presos de conciencia, las violaciones más flagrantes se producían en el sistema de detenciones. Esperemos que esto cambie.