ESPAÑA

El Poder Judicial urge a PSOE y PP a tramitar las reformas procesales

Los dos anteproyectos de ley regulan el uso de las nuevas tecnologías y agilizan los trámites procedimentales

MADRID. Actualizado: Guardar
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva varios meses negociando con las principales fuerzas políticas un acuerdo de Estado en materia de Justicia para desarrollar dos reformas legales que modernizan los órganos judiciales y agilizan los procedimientos. El órgano de gobierno de los jueces considera que existe una buena predisposición de los grupos parlamentarios para tramitar los anteproyectos de ley antes del verano, con el objetivo de que entren en funcionamiento durante esta legislatura.

Una comisión del CGPJ encabezada por los vocales Margarita Robles, Manuel Almenar, José Manuel Gómez Benítez y Fernando de Rosa se ha reunido con representantes del PSOE, PP, PNV y CIU en el Congreso en las últimas semanas. En las citas les han urgido a dar preferencia al desarrollo de estos dos anteproyectos de ley: uno dirigido a regular el uso de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia y el otro a agilizar los procedimientos. El primero establece las condiciones para poder tramitar en formato electrónico todos los procedimientos judiciales y el segundo incluye un paquete de medidas para agilizar los procesos civiles y contencioso-administrativos, reducir costes y racionalizar los recursos. Estos anteproyectos fueron aprobados por el Consejo de Ministros el 17 de diciembre.

El pleno del CGPJ ha aprobado también un acuerdo en la que insta al legislador a que en este paquete de reformas se incluya el ámbito penal. La idea es modificar la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal en los que se refiere a los recursos y al secreto sumarial.

El Poder Judicial considera que estas reformas descargan la carga de trabajo del Tribunal Supremo, ya que el régimen de recurso en los juicios verbales (hasta 6.000 euros) y afecta al recurso de casación en el alto tribunal, elevándose la cuantía mínima para recurrir de 150.000 a 800.000 euros. Además, reduciría la respuesta para los concursos de acreedores o para los procedimientos de subastas.

Para el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, existe un ambiente de acuerdo entre los grupos sociales y políticos, «porque la Justicia va a ayudar de una forma evidente a salir de la crisis».