El Banco de España exigirá a las cajas la solvencia más elevada de Europa

Jarro de agua fría para las cajas de ahorro. La exigencia de capital básico que el Banco de España impondrá a las entidades que no cotizan en Bolsa o no tienen accionistas privados y se financian en más de un 20% en los mercados de capitales «estará entre el 9% y el 10%» de los activos ponderados por riesgo, según adelantó la vicepresidenta económica, Elena Salgado en una entrevista en RTVE. El porcentaje definitivo «aún no está decidido», y lo determinará el instituto emisor cuando conozca la situación del sector con el máximo de detalles. Para el resto de las instituciones, es decir, para el conjunto de los bancos, el requerimiento se quedará en el 8%.

El esfuerzo que habrán de realizar muchas cajas para alcanzar tan elevada proporción antes de que llegue el otoño se antoja titánico. Con escasas excepciones, como las tres cajas vascas o Unicaja, el 'core capital' de las entidades se encuentra por debajo del 10%, que es el nivel de solvencia más alto entre los que se aplican en los países de la Unión Europea.

Con toda esta información en la mano, el Banco de España dará a conocer las necesidades de 'core capital' de cada una de las entidades a partir del 28 de febrero. Desde esa fecha, y hasta el otoño, las cajas de ahorros, y seguramente algún banco, tendrán que buscar la fórmula para allegar capital. Pueden vender activos y realizar plusvalías, llevar a cabo ampliaciones, o captar recursos en el mercado, algo que las entidades de ahorro tienen más difícil, incluso en aquellos SIP que han traspasado el 100% de sus activos a un banco. Sobre todo, en las actuales condiciones de los mercados, donde los agentes más activos son los fondos de inversión, que aspiran a obtener fuertes y rápidos retornos. Según la vicepresidenta de Economía, el Fondo de Regulación Ordenada Bancaria (FROB) está ahí, y las cajas de ahorros pueden recurrir a él, como han venido haciendo hasta ahora.

Fuentes del Ejecutivo insisten, no obstante, en que todavía es pronto para evaluar las necesidades de capital sel sector financiero. Esa indefinición, según han advertido las entidades, no contribuye a facilitar las cosas.

En el mes de septiembre, el Banco de España volverá a revisar la situación. Las entidades que no cumplan los requerimientos, si son cajas, tendrán que constituir un banco por la fuerza, y traspasarle el cien por cien de su actividad financiera. El FROB les aportará el capital necesario a cambio de una participación accionarial y del ejercicio de los derechos políticos correspondientes. Los nombrados en representación del capital público establecerían un nuevo equilibrio en las cajas de ahorro, caracterizadas por la presencia de entes territoriales, fuerzas políticas y sociales. Aunque la participación estatal quedará limitada a un plazo máximo de cinco años, su cuota de poder pasará a manos del sector puramente privado.

También los bancos

Salgado aclaró que si un banco incurre en las mismas circunstancias de carencia de capital -aunque en su caso el nivel de exigencia se limitará al 8%- se seguirá el mismo proceso: aportación temporal del Estado y entrada en el consejo de administración de los representantes de los intereses públicos. Con la diferencia de que un banco se mueve con mayor facilidad en los mercados de capitales y dispone por ello de mayores recursos.

La ministra insistió en su explicación de que la estimación del Banco de España sobre las necesidades de capital del sector «no supondrá una utilización de recursos públicos superior a los 20.000 millones de euros», cuantía equivalente al 2% del Producto Interior Bruto, según precisó.

El vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Competencia Joaquín Almunia, defendió la realidad del sistema financiero español, por entender que «está mucho mejor de lo que algunos lo pintan». Explicó que las reformas del sector financiero permitirán refozar la confianza en el sector y también en la economía española.

Almunia, que en primer término consideró que los 20.000 millones podrían limitarse a los fondos de capital públicos disponibles, matizó después, a través de su portavoz, que «el Gobierno es el que mejor conoce las necesidades, y el más capacitado para evaluarlas».