Una ley poco realista

no y el PP han pactado una 'ley Sinde' con más garantías judiciales que en la versión anterior, encaminada a cerrar páginas web de descarga de contenidos culturales cuando medie denuncia del propietario de unos derechos de autor. El procedimiento, tutelado por el juez, puede durar hasta 17 días. Asimismo, el Ejecutivo se compromete a modificar la aplicación del llamado canon digital para adaptarlo a las prescripciones de la UE en un plazo de tres meses tras la entrada en vigor de la ley. Este acuerdo polémico ha suscitado de inmediato reacciones encontradas en el mundo de la cultura y en el de la Red. Lo más obvio que puede decirse de la nueva norma es que resulta inútil y poco realista pese a perseguir objetivos plausibles y razonables. La posibilidad de cerrar sitios web españoles no detendrá la circulación incontrolada de contenidos culturales. La ley no afecta ni a las webs extranjeras ni a los intercambios P2P ni a los servicios News ni a otros sistemas de comunicación en la Red. La dificultad en este caso de poner puertas al campo es inmensa, sobre todo si no se quiere interferir de forma autoritaria en la libertad de expresión ni en el secreto de las comunicaciones. Ello no obstante, es lógico que los Estados traten de preservar la propiedad intelectual, sin la cual la creatividad artística y cultural no encontraría estímulos. El anárquico 'gratis total' no es compatible con un sistema de valores que premia el esfuerzo y el ingenio y ha de permitir a los creadores y artistas vivir profesionalmente de su actividad. Sin embargo, es muy probable que, después de los cambios conceptuales y de fondos introducidos por la irrupción de Internet y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, hayan de ser las propias industrias culturales las que, con inteligencia, se adapten a los nuevos tiempos. No es imaginable que pervivan los viejos modelos de difusión cultural gracias a la protección intervencionista de los poderes públicos; lo deseable es que tales industrias, convenientemente renovadas, encuentren modos satisfactorios de satisfacer la demanda a precios justos mediante procedimientos y tecnologías que gocen de consenso social.