Congreso y Senado abren la puerta a que se conozcan los bienes de los parlamentarios

El Congreso y Senado abrieron ayer el camino para que los bienes y patrimonio de los parlamentarios puedan ser conocidos por cualquier ciudadano a través del Boletín Oficial, de las páginas web de las cámaras legislativas o por ambos canales.

La propuesta, lanzada por el presidente del Congreso, José Bono, fue respaldada por el PSOE, el PNV y los grupos de izquierda de la Cámara que garantizan con sus votos una holgada mayoría absoluta para aprobar los cambios normativos para crear esta obligación.

El líder del PP, Mariano Rajoy, lanzó el sábado pasado un envite para terminar con lo que llamó «privilegios» de los parlamentarios, en referencia a los complementos que un número reducido de diputados y senadores -81 de los más de 3.600 que han pasado por las Cortes desde 1977- reciben de las cámaras para cobrar la pensión máxima de jubilación aunque no hayan cotizado los 35 años precisos. Ayer, el presidente del Congreso, José Bono, recogió el guante y lo superó por elevación.

De acuerdo con el presidente del Senado, Javier Rojo, envió una carta a los portavoces de los grupos en la que pide que en 15 días le hagan llegar los cambios que crean precisos no solo en el régimen de pensiones parlamentarias sino también en el de incompatibilidades laborales de los senadores y diputados. Reclama también que digan si creen preciso desvelar el patrimonio y rentas de los miembros de las cámaras para «evitar zonas de sombra» y por el interés de «quienes nada tenemos que ocultar».

Bono, que tanto en la misiva como en sus declaraciones no ocultó un reproche a Rajoy por sus «planteamientos demagógicos», dijo que abre un debate general -no solo sobre pensiones- para «favorecer la transparencia de la función parlamentaria y la dignidad de los diputados», y porque pretende «evitar el daño injusto que la falta de información puede provocar en la imagen de los representantes de la soberanía popular».

El PP, por su parte, adelantó que cuenta con un proyecto, que hará llegar a Bono, en el que defiende que los diputados sin excepciones deban integrarse en el mismo régimen ordinario de pensiones del resto de trabajadores. No comentó nada sobre la publicidad de los bienes de los parlamentarios ni sobre el posible endurecimiento de las incompatibilidades.

El PSOE y los grupos de izquierda se mostraron partidarios de acabar con cualquier «privilegio» en el cobro de complementos de pensiones, pero se declararon proclives a mantener excepciones para algunas situaciones de «necesidad».

Diputados pluriempleados

Muy al contrario, tanto IU como ERC, BNG y el PNV son partidarios de endurecer el régimen de incompatibilidades. La ley dice que el trabajo parlamentario deber ejercerse «con dedicación absoluta», pero lo cierto es que las cámaras autorizan casi cualquier actividad adicional de los parlamentarios que no suponga el cobro de un segundo sueldo público. Así, un centenar de diputados y senadores ejercen uno o más empleos privados -en su mayoría abogados-, algunos de ellos muy bien retribuidos. A este aspecto pareció referirse Bono cuando se preguntó con malicia: «¿Qué es más grave, completar una pensión con cien euros al mes o aceptar una incompatibilidad de millones de euros?». El PSOE no aclaró aún si reclamará endurecer las actuales incompatibilidades, pero en los pasillos algunos diputados apuntaron a poner límites a las actividades privadas remuneradas.

Pese a los ataques mutuos en el resto de temas, socialistas y populares volvieron ayer a cerrar filas para rechazar en el pleno una iniciativa de IU que reclamaba la limitación en el cobro de los sueldos vitalicios por los ex presidentes del Gobierno y la pérdida del derecho si, como ocurre con Felipe González y José María Aznar, reciben remuneraciones de compañías privadas. No aceptan modificaciones legales. Lo más que admitió el portavoz socialista es que «está en su mano (de los ex presidentes) renunciar al derecho» si creen ya garantizados sus ingresos por vías privadas.