Plantean dar cobertura legal a 4.000 casas irregulares

Una ordenanza municipal que regule las viviendas ilegales de forma temporal hasta que se apruebe y se ejecute el Plan General de Ordenación Urbana. Una norma que conceda cobertura legal y que permita a los propietarios obtener licencia de ocupación provisional, de obras, reparaciones y poder acceder a los suministros de luz y agua. Esto es lo que propone el Partido Andalucista para dar una solución más inmediata a los propietarios que las casi 4.000 casas fuera de ordenación que salpican las zonas rurales de El Puerto.

La ordenanza se ampara en un decreto Ley de la Junta de Andalucía que regula la figura jurídica 'asimilado a fuera de ordenación' que permite a determinadas construcciones obtener el reconocimiento administrativo y la inscripción en el Registro de la Propiedad, entre otras ventajas. Esta medida ha sido puesta en marcha de forma pionera en el municipio sevillano de Marchena, donde unas 200 viviendas ya se han beneficiado de este mecanismo. Su alcalde andalucista, Juan Rodríguez Aguilera, mantuvo una reunión con la coordinadora de viviendas irregulares, Coave, ante la presencia del concejal de Vivienda y candidato a la alcaldía por el PA, Antonio Jesús Ruiz. El regidor marchenero explicó que a esta ordenanza sólo se pueden acoger los núcleos de viviendas ilegales que en el nuevo PGOU estén contempladas dentro de suelo urbanizable, que cuenten con cuatro años de antigüedad y que no tengan expediente sancionador abierto.

El secretario de Coave, Francisco Mora, aseguró que en un principio todos los propietarios de viviendas fuera de ordenación podrían acogerse a esta ordenanza. «Cada uno tendría que valorar si le compensan los costes económicos que esto conlleva, con tal de tener una cierta tranquilidad durante los siete u ocho años que tarden en ejecutarse los planes parciales del PGOU». Por otro lado, estos portuenses pasarían a pagar tasas como el Impuesto de Bienes Inmuebles. «Con lo que el beneficio sería para ambas partes». El concejal andalucista reivindicó que se vuelva a convocar la mesa de trabajo con todos los grupos políticos municipales y con los colectivos de propietarios de viviendas irregulares que fue aprobada por el pleno para impulsar esta medida.